Vecinos evalúan ir a la Justicia por ubicación de juzgados antimafia

PABLO MELENDREZ

En un mes, los juzgados especializados en crimen organizado estarán funcionando en una lujosa casona del Prado, en 19 de Abril y Adolfo Berro, que está siendo acondicionada. Los vecinos se quejan y prevén tomar acciones.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, confirmó a El País que se inició el proceso de adaptación de la antigua construcción de tres pisos que fue adquirida por un valor de US$ 300.000, la cual será entregada en comodato al Poder Judicial y a la Fiscalía de Corte para que allí funcionen los dos juzgados y las dos fiscalías especializadas en crimen organizado.

Además, Romani indicó que se inició el proceso para proveer a ambas sedes del equipamiento informático necesario. Las tareas de acondicionamiento y equipamiento del edificio culminarán en unos 30 días, plazo en el que será posible habilitar las instalaciones.

A pesar de que el funcionamiento de los juzgados y las fiscalías que tienen jurisdicción en casos de narcotráfico, corrupción y terrorismo es un hecho, los vecinos del Prado no se resignan y resisten la instalación de las sedes, en virtud de la obvia y previsible alteración que generará en el barrio, que se caracteriza por ser una importante atracción turística debido al paisaje arbolado y las antiguas construcciones que existen en la zona.

Actualmente, y en forma provisoria, los juzgados a cargo de los magistrados Graciela Gatti y Jorge Díaz y las fiscalías encabezadas por Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe, funcionan en un edificio del Poder Judicial sobre la calle Buenos Aires, en la Ciudad Vieja.

Ahora, las sedes se ubicarán en una zona residencial en la que, además, en menos de 100 metros hay una escuela pública, un liceo privado y un salón de fiestas. A escasas cuadras se encuentra la tradicional Iglesia las Carmelitas, declarada monumento histórico nacional.

Según ha explicado la Suprema Corte de Justicia, la intención de ubicar estos juzgados en el Prado tiene dos razones fundamentales: la cercanía con la Brigada Antidrogas -dependencia policial cuya base se encuentra sobre la calle Delmira Agustini casi Avenida Agraciada-, con la cual se prevé que trabajarán asiduamente, y también motivos de seguridad, ya que se consideró inoportuno ubicar las sedes en la Ciudad Vieja, donde funcionan los juzgados penales.

AMPARO. "Estos juzgados serían perjudiciales para cualquier barrio, porque alteran la vida de cualquier zona", dijo la abogada Emma Stipanicic, una de las referentes del grupo de vecinos que se opone a la instalación de las sedes judiciales.

Pero, además, la posición de los vecinos tiene un sustento jurídico ya que, según explicó Stipanicic, el Digesto Municipal, en virtud de la preservación del barrio, prohibe la instalación de dependencias que cumplan actividades de estas características.

Por eso, la vocera del grupo de vecinos dijo que si una vez que las sedes estén funcionando se constatan alteraciones en la zona, presentarán un recurso de amparo contra la decisión administrativa de ubicar esos juzgados en el barrio.

"En este caso, el interés general no predomina sobre el interés particular de los vecinos", dijo Stipanicic a El País. "¿Cuál es el interés general de tener dos juzgados de crimen organizado en el medio de la Avenida 19 de Abril?", se preguntó la abogada con un claro dejo de resignación ante la inminente instalación de los juzgados apenas a dos casas de la suya.

"Hay que evaluar lo que va a pasar, porque de pronto el funcionamiento en sí no afecta en nada, pero si afecta no hay ninguna norma que diga que nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados y aceptar un perjuicio cierto y concreto por una ventaja para la generalidad de la gente", dijo Stipanicic.

Además de la preocupación por los cambios que se puedan registrar en la tranquilidad y en la vida cotidiana de la zona, la inquietud también pasa por la desvalorización que pueden tener las propiedades a raíz de la presencia de las sedes judiciales. "El valor de los inmuebles no va a ser igual dentro de seis meses a causa del trabajo de los juzgados", advirtió la abogada.

Carta a la esposa de Vázquez

Un grupo de vecinos del Prado presentó días atrás una carta planteando su preocupación ante la comisión barrial y otra a María Auxiliadora Delgado, esposa del presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuya residencia particular se ubica sobre la calle Buschental, en el corazón del Prado. Pidieron que "no se concrete" la instalación de los juzgados para "mantener inalteradas las características que identifican a nuestro barrio".

Arana: "me llamó la atención"

El grupo de vecinos que se opone a la instalación de los juzgados y fiscalías contra el crimen organizado en el Prado, se contactó con el senador de la Vertiente Artiguista, ex ministro de Vivienda y ex intendente, Mariano Arana, para que los represente ante la comisión del barrio.

"La verdad es que me llamó la atención (la decisión de ubicar los juzgados en el Prado), pero en los próximos días voy a tratar de informarme a fondo", dijo Arana al ser consultado al respecto por El País.

Arana, que es arquitecto especializado en urbanismo y además reside a menos de tres cuadras del lugar en el cual se prevén instalar las sedes judiciales, indicó que, según lo que le transmitieron los vecinos, la intención es que concurra a la Comisión del Prado para "intercambiar ideas" sobre el tema, aunque aclaró que por el momento no maneja mayor información al respecto.

"Cuando era ministro (de Vivienda) habitualmente los días lunes iba caminando a la Residencia de Suárez y Reyes para la reunión del Consejo de Ministros, y siempre pasaba por el lugar donde prevén instalar los juzgados" especializados en crimen organizado, contó Arana.