Jurídica de Casinos cuestiona decreto

Un informe del área jurídica de la Dirección General de Casinos cuestiona el decreto aprobado por el presidente Tabaré Vázquez, que amplia el sistema mixto de explotación de complejos turísticos y comerciales también a complejos culturales y deportivos.

El informe fue presentado al Ministerio de Economía y sostiene que el decreto "constituye desde el punto de vista jurídico, un retroceso en el instrumento de mayor trascendencia y significación en la gestión de la Dirección General de Casinos en los últimos 15 años". El director de Casinos, Fernando Nopitsch, fue el impulsor del decreto y prevé realizar una megalicitación para abrir nuevas salas con el sistema mixto de explotación y pasar otras a cargo del Estado a este sistema.

La nueva reglamentación "destruye un sistema que habilitó durante casi 15 años inversiones privadas del orden de los US$ 150.000.000, manteniendo el Estado en forma clara y transparente la explotación directa de los establecimientos de juego insertos en el mismo", expresa el informe. Agrega que con la nueva disposición, "se habilita por vía indirecta la proliferación de salas de juego, bastando vincularlas (aún en la lejanía geográfica), a un emprendimiento deportivo o cultural, que ya este organismo y sus asesores con mayor capacitación y experiencia, habían rechazado en el período en el cual ocupó la Dirección General el Cr. Juan C. Bengoa".

Sostiene que "los errores de la nueva reglamentación" potencialmente pueden generar, además de una transferencia indebida de recursos públicos al sector privado, "una sucesión de actos administrativos y contratos, que pueden ser objeto de futuras reclamaciones contra el Estado". También destaca que el decreto implica un "retroceso en materia de responsabilidad social empresarial" y "una incongruencia" con la política de gobierno, que recientemente presentó un proyecto de ley que endurece la normativa penal en cuanto a explotación ilícita de juegos de azar.

Añade que el decreto no requiere que Casinos haga un estudio previo, que compare la rentabilidad de sus salas bajo el régimen tradicional con la rentabilidad proyectada si se incorporan al sistema mixto.