¿Muerte o asesinato?

Hace unos días, un hombre de 59 años, llamado Heber Borges Ortiz, murió de un infarto. Seguramente, su deceso habrá sido registrado como "muerte natural". Por lo tanto, no pasará a engrosar las estadísticas del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad que realiza el Ministerio del Interior. Proyecto que preveía un monitoreo y divulgación regular cada 3 meses, respecto del nivel de la delincuencia, pero que llevaba como 6 meses sin que hubiera información alguna para publicar. Finalmente, el miércoles pasado se volvió a tener noticia de sus mediciones, las que deben tomarse con la debida parsimonia. Porque no resulta muy convincente que se anuncie una disminución del 5% de las denuncias, como si eso reflejara una mejoría en la lucha contra la delincuencia. Sobre todo, cuando la rebaja se ha dado en los hurtos y es sabido que justamente muchos robos ni siquiera se denuncian debido a las pocas esperanzas de que se produzca algún resultado. La sensación es que será una pérdida de tiempo, molesta e infructuosa.

Respecto de las rapiñas, (asalto a mano armada o con violencia) se reconoce una suba del 3,4%, comparando el primer semestre de este año y el del anterior, pero -como no se consuela quien no quiere- ello se interpreta como una mejoría. ¿Por qué? Anteriormente, entre el 2007 y el 2008, este delito subió un 15,8%. En cuanto a los homicidios, el índice es muy negativo, ya que se ha constatado un aumento del 31%. Entre enero y junio del 2007, se produjeron 82 muertes violentas, en el mismo lapso un año después, fueron 100 y en el 2009, 131. Es evidente, que si bien hay delitos como los hurtos, que permanecen ignorados porque no se denuncian, no sucede lo mismo cuando de una muerte se trata. Por lo tanto, esos datos sí resultan más fidedignos. Aunque no del todo, sin embargo, pues el caso del carnicero está visiblemente relacionado con el accionar de la delincuencia.

El Sr. Borges, que tenía una carnicería situada en el barrio conocido como Jardines (qué ironía) del Hipódromo, donde trabajan también su mujer y sus tres hijos, era una persona muy apreciada, que colaboraba activamente en la Comisión de Seguridad del vecindario. Esa tarde sufrió el asalto de unos jóvenes delincuentes que llegaron armados, y mientras uno le exigía dinero, el otro encañonaba a los niños de una cliente que allí se encontraba. Cuando el carnicero les gritó que no apuntaran a los chicos, el revólver cambió de destinatario rápidamente y se lo apoyaron sobre su cuello, amenazándole de muerte. Apenas los criminales huyeron del local, el pobre hombre se sintió mal. Policías de la seccional lo llevaron a una policlínica, pero llegó sin vida a causa de un infarto.

Este hecho plantea crudamente la terrible indefensión en que se encuentra hoy la sociedad uruguaya, ya que esta rapiña no es algo aislado, sino que forma parte de la pesadilla continua en que vive mucha gente. El derecho tiene obligatoriamente que plantearse y discutir en profundidad, hasta donde se extiende la responsabilidad por esta muerte. Ya que no cabe duda alguna de que existe una concausa moral.

Se trata de una desgracia delictiva más, que coincide con el actual debate sobre la rebaja de la imputabilidad de los menores, propuesta por el candidato del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle, que responde tanto a la inquietud manifiesta de la gente, como a una visión realista de las actuales circunstancias. El entramado social de nuestro país y del mundo ha ido cambiando y los parámetros de otros tiempos, en los que está basada nuestra legislación, que califica como menor a quienes no pasan los 18 años, ha quedado superada. La aceleración que caracteriza a nuestra época ha trastocado antiguas concepciones, así que es imprescindible "aggiornar" nuestras leyes. Gran número de los actos delictivos tienen como protagonistas a menores de edad, los cuales pueden delinquir con mayor impunidad, lo que lleva a su vez a que sean utilizados por los criminales mayores. El compromiso al que ha llegado la fórmula nacionalista, para superar diferencias de enfoque, es aumentar las penas del Código de la Niñez y la Adolescencia, para delitos graves, de 5 a 10 años. Es un avance, lo mismo que la creación de un instituto especializado que efectivamente cumpla con el objetivo de reinsertarlos socialmente, pero su legajo de menor no debería quedar fuera de los ojos del juez si acaso de adulto vuelve a delinquir, como ocurre en el presente.