Aduanas analiza recurrir ante la Suprema Corte

EDUARDO BARRENECHE

La Dirección de Aduanas analiza la presentación ante la Suprema Corte de un recurso contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones que le impide abrir de oficio contenedores en tránsito, dijeron fuentes del entorno del director Ricardo Prato.

"Estamos limitados en nuestros cometidos. Ahora podemos hacer apenas el 20% de lo que se hizo en 2008. Los jueces penales nos están pidiendo más información para autorizar abrir un contenedor en tránsito", reconoció ayer Prato.

El 54,7% de los contenedores que por año ingresan al país son en tránsito. Ese porcentaje representa unos 300.000 contenedores bajo este régimen aduanero.

Según Prato, el organismo aún no recibió en forma oficial la sentencia del Tribunal de Apelaciones en contra de la Dirección de Aduanas.

El miércoles 22, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno se expidió sobre un recurso presentado por Aduanas ante una resolución del ex juez aduanero Gustavo Pini, del 17 de febrero, que impide a la institución estatal intervenir de oficio en contenedores en tránsito por Uruguay.

Según el Tribunal de Apelaciones, las normas que "rigen en materia de propiedad intelectual no habilitan la actuación de oficio de la administración" aduanera. Sin embargo, advierte que en las violaciones de derechos de autor y delitos conexos, la ley sí "atribuye competencia" a la Dirección de Aduanas, pero ésta debe "solicitar autorización judicial para tomar medidas de contralor. Esto es, para actuar en materia de derechos autorales la apelante (en este caso la Aduana) requiere autorización de juez competente".

En el programa No toquen nada de la radio Océano FM, Prato recordó ayer que desde el 17 de febrero de este año "no se pudo abrir contenedores sin orden judicial", como consecuencia de la decisión de Pini.

El jerarca aduanero indicó que "preocupa a privados" que Aduanas no pueda intervenir de oficio en contenedores como lo hacía antes del enfrentamiento con Pini.

Según los estudios jurídicos que defienden a marcas internacionales, la decisión de Pini permitirá que ingresen al país de drogas, armas y mercaderías falsificadas por el puerto de Montevideo.

Con respecto a la obligación que tiene Aduanas de solicitar autorización a la Justicia Penal para abrir un contenedor, Prato señaló que los jueces penales "tienen un montón de tareas a contrarreloj. Tienen reconstrucciones que hacer o investigar delitos dentro de las 48 horas estipuladas por ley. A veces derivan a otro magistrado la apertura de contenedores".

Prato recordó que la Policía acostumbra pedir por teléfono a un juez penal una orden de allanamiento para inspeccionar una casa ante la sospecha de un hecho delictivo y luego informan al magistrado. "Abrir un contenedor es lo más parecido a un allanamiento. Solo para ver si coincide con lo declarado", explicó Prato.

Consultado sobre si la imagen internacional de Uruguay se vio afectada por la imposibilidad de Aduanas de abrir contenedores en tránsito, Prato dijo que ello ya está ocurriendo. "Días atrás se suspendió un seminario de industria médica por esta causa. La imagen del país se verá desmerecida", dijo.

COMPETENCIAS. En marzo de este año, Pini denunció al director Prato. Lo acusó de ocultarle información relativa a la investigación sobre el presunto ingreso irregular de slots, los cuales fueron contratados en el Casino Parque Hotel y el Hotel Casino Carrasco durante la gestión de Juan Carlos Bengoa -procesado con prisión en diciembre de 2007- al frente de las salas de juego de la Intendencia de Montevideo.

Luego del enfrentamiento con Prato, Pini fue trasladado a la Unidad Ejecutora del Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial, tras alegar el magistrado problemas personales.

El escrito del Tribunal de Apelaciones recuerda que Pini actuó el 17 de febrero de este año a instancias de una denuncia verbal del despachante de Aduanas Fernando Pujol.

Pini concurrió al recinto aduanero y tras interrogar a los funcionarios de ese organismo, dictó una resolución que impidió la apertura de los contenedores.

El 16 de marzo de este año, la fiscal de Aduanas, Laura Llambí, rechazó la resolución de Pini por considerar que el magistrado no era competente para actuar dentro de la jurisdicción de Aduanas.

Aduanas apeló la decisión de Pini y el caso fue derivado al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno, el que se expidió el miércoles 22.

Sentencia "favorece" ilegalidades

El estudio Cervieri Monsuárez & Asociados comparte la opinión del director aduanero Ricardo Prato sobre que se puede abrir contenedores en tránsito. "Esa situación se mantiene desde febrero. Favorece el tráfico de drogas, armas y de mercaderías con grifas falsificadas", dijo la abogada Virginia Cervieri.

Según Cervieri, el fallo del Tribunal de Apelaciones "declara la incompetencia" del ex juez aduanero Gustavo Pini cuando impidió la apertura de los tres contenedores en febrero de este año. "Si bien este actuó en forma adecuada como medida precautoria, debió haber pasado los antecedentes a un juez penal. Hay que evaluar lo que pasa con la decisión adoptada por un magistrado que no es competente", dijo.

El estudio Cikato, que también defiende a empresas internacionales ante posibles casos de falsificación de marcas en Uruguay, criticó la decisión del Tribunal de Apelaciones. "Esta sentencia significa un gran retroceso para la protección de los derechos de propiedad industrial y una clara violación a acuerdos internacionales", dijo el abogado de Cikato, Alejandro Sciarra. En la Ronda Uruguay, recordó, "el gobierno uruguayo se comprometió a legislar y a tomar medidas para proteger derechos de propiedad industrial. Ese acuerdo se transformó en ley al ser ratificado. El Tribunal de Apelaciones no reconoce esa norma". Ambos estudios señalan que las mercaderías falsificadas en tránsito tienen como destino a Paraguay y de allí se distribuyen a la región.

"Es una acusación grave"

El cuestionamiento del director de Aduanas hacia los jueces penales a quienes acusó de "esquivarle el bulto al tema" de los contenedores en tránsito, no tuvo repercusión en la Suprema Corte, donde el asunto no fue analizado. Sin embargo, el juez penal Ricardo Míguez, dijo que ante una afirmación de "esa gravedad", Prato debe "saber lo que está diciendo porque si un juez no hace lo que tiene que hacer, no puede seguir en el cargo", expresó Míguez a El País.