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Hizo bien la jueza Graciuso al negarse a archivar el expediente del caso Satenil, largamente denunciado como un caso de corrupción en la intendencia de Maldonado. Se trata de la concesión directa, sin licitación, de la publicidad en vía pública otorgada a la empresa Satenil en ese departamento, un negocio millonario que fue censurado desde filas del propio Frente Amplio y que fue reprobado por el Tribunal de Cuentas. El intendente De los Santos nunca logró explicar con claridad lo sucedido e incluso minimizó el monto del contrato. Lo más llamativo es que a más de cuatro años de tan polémica adjudicación todavía se ignora quiénes son los reales propietarios de la lucrativa Satenil. La decisión de continuar con la indagatoria penal reclamando nuevas pruebas es, sin duda, la más correcta.
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