¿Adónde va el derecho?

Leonardo Guzmán

Tanto como consternó el asesinato de un joven a las puertas de un baile en Ciudad de la Costa, estremece su contexto.

¿Qué es esto de que los veinteañeros de El Pinar odien a los de Salinas? ¿Qué es esto de que la "pertenencia" a un barrio pase sobre el respeto que nos debemos como ciudadanos de la libertad? ¿Qué es esto de que resucite la tribu hasta tapiar sentimientos elementales, asesinando ahora en Ciudad de la Costa como ayer en inmediaciones de la cancha de Aguada?

Quienes se dedican a describir "fenómenos" y no les gusta juzgar, responden: lo que pasa es que, dejando atrás sus mitos y abandonando el antiguo modelo pacifista, la sociedad uruguaya cambió.

Quienes nos empeñamos en valorar, sentimos que más que un cambio, hay una caída; más que un abandono de proyecto por pérdida de mitos, hay una trasgresión de principios.

La cuestión no es, entonces, enredarnos en una telaraña de supuestas "causas" del deterioro sino determinar qué ha hecho mal el Uruguay para que, hasta en el bucólico paisaje de sus playas, surjan de su vientre semejantes miserias morales y tamaños odios de clanes.

Nuestra respuesta es que el error fue bajar la guardia en la educación cívico-republicana y en la pasión por el Derecho de fondo.

Resultados: se ha debilitado la conciencia, gestora de amor al prójimo y último reducto de la convivencia; se ha dejado de sentir al Derecho como tensión creadora hacia los ideales de justicia y libertad; se ha aceptado la incongruencia entre lo que se es como persona y lo que se actúa como funcionario y la contradicción entre lo que surge de un expediente y lo que se afirma al resolverlo.

Con lo cual los fines del Derecho resultan traicionados por un formalismo vacuo.

Ejemplo patético de ello es lo sucedido con "las latas" de la cárcel de Libertad. La Juez de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, María Cristina Cabrera, fijó 120 días al Ministerio del Interior para trasladar a los allí hacinados. El Ministerio recurrió. El Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno revocó.

Asombra que un gobierno obsesionado con mover las sesquicentenarias cenizas de Artigas y recriminado desde la ONU por el estado de sus cárceles, haya osado apelar un amparo que mandó mover a personas vivientes, en cuya carne se viola el art. 26 de la Constitución: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito."

Más elegante era acatar en silencio, pero se optó por lo contrario.

Los argumentos del Tribunal no refuerzan al Derecho. Es dudoso que abogados notorios en lo penal -caso del Dr. Gustavo Salle- carezcan de "legitimación" para pedir trato humano a los presos y es discutible la afirmación de que no hay en el tema un interés colectivo y difuso. Aun así, ambos obstáculos se superarían si el amparo lo piden los presos.

Pero no es subsanable ni dudoso sino inaceptable que se remita el tema a un juicio ordinario de 3 o 4 años y se afirme que por aparecer aristas presupuestales el pedido escapa al Poder Judicial. Esto equivale a afirmar que no importa el tiempo que dura una iniquidad. Y, aun peor, implica declarar que hay derechos que no pueden reclamarse ante la Justicia.

¡Con semejante cuadro, en el Uruguay habrá que luchar por el Derecho desde la puerta de los bailes a la doctrina, en un big-bang 2010 que lo reedifique desde el hombre!