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Domingo 19.07.2009, 17:26 hs l Montevideo, Uruguay
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Editorial

Dilema

Juan MartÍn Posadas

Los uruguayos han podido asistir a un programa argentino de Tv que consiste en una parodia de figuras políticas y del gobierno de ese país. Lo he visto un par de veces. Me ha producido admiración la performance de los actores y el logro perfecto en la caracterización de los personajes. Al mismo tiempo me produjo pena la burla hacia las figuras políticas, pero mayor disgusto aún la aceptación y entusiasta colaboración de los propios satirizados. Este tipo de programas produce descrédito y daño algo importante para la vida de un pueblo como es la actividad política y la investidura del gobernante. ¿Debe prohibirse?

En Polonia se está preparando un concierto de Madona para agosto. Ya se sabe que entre sus recursos "artísticos" ella no sólo canta y baila sino que deliberadamente escandaliza, frotándose con crucifijos y cosas por el estilo. Las entradas para ese espectáculo ya están agotadas pero -Polonia es un país religioso y muy católico- se ha organizado un movimiento popular para boicotear e impedir el espectáculo. ¿Aplaudir el boicot o apoyar al empresario del show?

Hace un tiempo se publicaron en la prensa europea caricaturas y chistes burlándose del Islam y de la religión mahometana. Hubo violentas manifestaciones de repudio con amenazas de muerte, incendios y disturbios. Todo el mundo condenó esas manifestaciones y defendió las caricaturas amparadas en la libertad de prensa. No se tomó en cuenta la agresión a elementos culturales muy caros a esa gente (al fin y al cabo se trataba de una religión ajena y de la sensibilidad de poblaciones exóticas).

Los defensores a rajatabla de la libertad de expresión sostienen que la mejor ley de prensa es la que no existe y que cada ciudadano es libre de cambiar de canal o de asistir o no a festivales de Madona o quien sea.

Este argumento tiene su peso pero también tiene su debilidad. Refiere sólo a conductas individuales, a la forma en que cada uno se defiende o atiende a los valores en los que cree, sin imponérselos a los demás. Pero ese razonamiento no toma en cuenta la dimensión colectiva -y los daños colectivos- que son responsabilidad de todos los ciudadanos. La legislación uruguaya establece límites: por ejemplo, está prohibido y penado hacer escarnio de los símbolos patrios. He ahí un norma dirigida a tutelar un bien colectivo -el respeto a la patria- que si se desconoce dañaría algo que es de interés de todos. Si alguien fundase un periódico dirigido a difundir y propulsar la justicia por mano propia, o la pedofilia, o una vida salvaje roussoniana, negándose a mandar sus hijos a la escuela y a vacunarse (ya ha pasado en Colonia) ese periódico sería ciertamente clausurado y no simplemente desaconsejada su lectura (hay en juego daño a terceros inocentes).

Las libertades y derechos individuales, que provienen de la Revolución Francesa, se acompañan de responsabilidades colectivas, las cuales se desplegarán no al antojo de cada uno sino según normas y procedimientos sancionados democráticamente por los pueblos a través de sus autoridades legítimas. La libertad de prensa, como las otras libertades individuales, tendrá los límites que la sociedad se dé a sí misma en ese sentido.

Las conductas privadas son privadas: en ese ámbito cada uno hace lo que quiere. Pero lo público está sujeto a disposiciones generales que defiendan lo que una sociedad considera de valor para sí misma. La libertad es un valor -individual y colectivo- pero necesariamente debe interrelacionarse con los otros valores.

El País Digital

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