IMM demora acceso a la información pública y lo cobra

EDUARDO DELGADO

La Intendencia capitalina dispuso el cobro de un timbre de $ 103 a quienes presentan una solicitud de acceso a información pública. Además, Ehrlich prorrogó automáticamente 20 días el plazo para responder todos los pedidos de información.

Datos aportados a El País por el Centro de Acceso a la Información Pública (Cainfo), dan cuenta que la Intendencia de Montevideo exige el pago de un timbre por valor de $103 para aceptar la presentación de solicitudes de acceso a información pública, cuando la ley que regula el tema prevé que ese trámite sea siempre gratuito.

La normativa incluso especifica que la reproducción en cualquier soporte de la información requerida será a costa del interesado, pero señala que el organismo no puede cobrar "ningún tipo de ganancia o arancel adicional".

A esto se suma una resolución firmada por el intendente Ricardo Ehrlich y por el secretario general, Alejandro Zavala, en la que se prorroga automáticamente por 20 días todas las solicitudes formuladas al amparo de la ley 18.381.

La resolución también dispone que se comunique a todas las dependencias municipales de la capital que estas solicitudes de acceso a la información deben ser giradas de inmediato a la Secretaría General de la Intendencia, para ser remitidas a un grupo de trabajo creado para su estudio.

La ley 18.381 establece que ante la petición formulada por un interesado, el organismo requerido "está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado". En caso contrario, expresa que tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para contestar la consulta. Agrega que ese plazo podrá prorrogarse, "con razones fundadas y por escrito", por otros 20 días hábiles "si median circunstancias excepcionales".

derecho. La ley 18.381 consagra el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, quienes pueden presentar pedidos en ese sentido a las oficinas estatales.

Las excepciones previstas en la ley refieren a información que pueda comprometer la seguridad pública, la defensa nacional o la estabilidad financiera, como también que ponga en riesgo la vida, la dignidad, la seguridad o la salud de cualquier persona.