Pagó por afiliación y lo procesaron

Pablo Melendrez

Transitar frente al edificio donde funciona el servicio de seguros por enfermedad (DISSE) del Banco de Previsión Social (BPS), ubicado en Colonia y Arenal Grande, implica tener una gran habilidad para "eludir" a los que se acercan a los transeúntes para ofrecerles afiliaciones a mutualistas.

Si bien en el último tiempo esa práctica ha disminuido, se continúa realizando y, a cambio de diversas sumas de dinero, se impulsa la posibilidad de transformarse en socio de distintas instituciones médicas. Por la conveniencia económica del negocio, se ha constatado que la existencia de organizaciones de personas que se dedican a captar afiliaciones, a pesar de que ello implique infligir la ley penal. Por lógica, cuando en febrero pasado se abrió el "corralito" mutual, en base al cual unas 20.000 personas cambiaron de institución médica, eso propició la propagación de ofrecimientos de este tipo, en lo que se transformó en una "guerra" entre los diferentes centros médicos.

En ese marco fue que, como se trata de una actividad ilegal, mutualistas que se sintieron perjudicadas por la pérdida de un importante número de afiliados, optaron por iniciar acciones policiales y judiciales contra quienes ofrecían sumas de dinero a cambio de afiliarse a una nueva institución.

Esa práctica representa el delito de "intermediación lucrativa en la captación de afiliados a las instituciones de asistencia médica", previsto tanto el Código Penal como en la ley 18.131, aprobada en mayo de 2007, y que creó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La normativa también establece sanciones económicas para las mutualistas que obtengan beneficios a raíz de ofrecimientos de estas características.

"El que por cualquier medio ejecutare o encomendare ejecutar actos de intermediación lucrativa, de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica pública o privada, sean estas colectivas o particulares, entregando a cambio o prometiendo entregar a dichos socios o afiliados dinero u otra ventaja equivalente (a excepción de mejoras en las prestaciones asistenciales), será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión", dice la ley.

Precisamente, por ese delito fue procesado sin prisión un hombre de 42 años que, según comprobó la Justicia, encabezaba un grupo de personas que se apostaban en la explanada del BPS y que ofrecían, a quienes pasaban por el lugar, la posibilidad de afiliarse a una mutualista por lo cual realizaban pagos que oscilaban entre $ 500 y $ 1.000.

La tarea era realizada con un importante grado de coordinación y logística, ya que, de acuerdo con el relato de un testigo, el trámite se iniciaba "en una especie de garaje, en donde había cuatro muchachas y tres hombres, así como computadoras, mesas y sillas". En ese lugar, "se llenaban unos papeles" pero luego era necesario trasladarse a la mutualista a la cual el usuario se asociaba para realizar "el último papeleo", según un testimonio citado por el juez.

Por su parte, uno de los afiliados captados, en su declaración ante la sede judicial, indicó que una vez terminados los trámites, el hombre procesado "metió la mano en el bolsillo de la campera y me dejó $ 400".

En su fallo, el juez explicó que ordenó el procesamiento sin prisión ya que "no es de prever ante una eventual condena que recaiga pena obstativa, y no existen indicios que puedan sustraerse al proceso, ya que todas las veces que fue emplazado por la dependencia policial se presentó personalmente".

Al filo de la Ley

Intermediación lucrativa

ficha

Juzgado Letrado Penal de 2° Turno.

Fecha: 1° de abril de 2009.

Juez: Pedro Salazar.

Situación: un hombre dirigía una organización que se dedicaba a captar afiliaciones mutuales a cambio de dinero, entre $ 500 y $ 1.000.

Fallo: Procesado sin prisión por el delito de "intermediación lucrativa en la captación de afiliados a las instituciones de asistencia médica".