El "caso Perera"

Cualquiera sea el desenlace del caso del vicepresidente de Antel, Gonzalo Perera, algunos errores y omisiones ya saltan a la vista. Entre los errores debe citarse el apresuramiento con que Tabaré Vázquez, el partido socialista y varios gremios se solidarizaron con él. Es que el presunto intento de ahorcarlo en un bosque de El Pinar apareció desde el principio con las trazas de ser un episodio por lo menos confuso, sobre todo cuando la policía advirtió que las circunstancias del supuesto crimen relatadas por Perera planteaban muchas dudas.

Por otra parte, pesaban los antecedentes en materia de seguridad personal del jerarca de Antel, quien saltó a la consideración pública hace unos meses al denunciarse que contrató a dos guardaespaldas personales, un hecho único en la historia de las empresas públicas de nuestro país. La notoriedad del caso aumentó al saberse que uno de ellos era el novio de Chris Namús, una estrella del boxeo femenino patrocinada por la propia empresa telefónica que usó su imagen en avisos publicitarios.

Perera justificó esas contrataciones al alegar que temía por su seguridad pues había sido víctima de varios atentados. Relató que balearon su casa en una ocasión y que en otra le robaron su computadora. Añadió que lo amenazaban, lo que abrió un campo a diversas especulaciones. Se sugirió que podía ser la reacción de grupos afectados por decisiones de Perera en el directorio del ente, ya fueran funcionarios o proveedores del organismo. Nada de esto se probó.

Hubo otras omisiones. La más llamativa es que, pese a la resonancia de la peripecia de Perera, no se conocieron los frutos de la investigación policial para identificar a quienes lo hostigaban. Una grave carencia después que una comisión parlamentaria había reclamado los datos de la indagatoria oficial. En aquel momento, tanto Perera como sus compañeros de directorio aseguraron que los supuestos atentados estaban vinculados a las tareas que cumplía el vicepresidente dentro de Antel, lo que ahora parece quedar desmentido por los hechos.

Más allá de lo que ocurra con las actuaciones judiciales, las autoridades le deben a la opinión pública una exhaustiva explicación sobre este caso.