Juan Carlos Blanco pedirá libertad a comisión de OEA

PABLO MELENDREZ

El ex canciller Juan Carlos blanco, quien se encuentra en prisión desde fines de 2006 tras ser procesado por su supuesta responsabilidad en los homicidios de Zelmar michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976, presentará un recurso ante la comisión interamericana de derechos humanos (cidh) para reclamar su excarcelación.

Blanco, que también enfrenta un proceso judicial por la desaparición de la militante del PVP Elena Quinteros, denunciará "las serias irregularidades que se han constatado en las causas que se están llevando adelante en su contra", dijo a El País el abogado Mario Pereira Garmendia, quien presentará la acción ante la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El objetivo del ex canciller es que el organismo internacional recomiende al Estado uruguayo su liberación, en virtud de que, según dijo el abogado, "no hay motivos para que permanezca detenido, porque no hay posibilidad alguna de que se fugue o frustre parte de la prueba pendiente en los juicios".

"Que una persona de 75 años de edad lleve casi tres años de privación de libertad es una violación flagrante de las finalidades de la prisión preventiva", dijo Pereira Garmendia quien patrocinará a Blanco ante la CIDH, pero ante la Justicia Penal uruguaya continuará actuando el abogado Carlos Curbelo Tammaro.

"No estamos pidiendo el archivo de la causa ni tampoco que no se investigue, sino que Blanco pueda estar en libertad durante el proceso porque es un presunto inocente. En caso contrario, se le está adelantando la condena, cosa que es ilegal", agregó el abogado.

En el caso por la desaparición de Quinteros, por el que Blanco fue procesado en octubre de 2002 y estuvo en prisión hasta mayo de 2003, la fiscal Mirtha Guianze pidió que sea condenado por el delito de "desaparición forzada", por el que solicitó a fines de 2008 una pena de 20 años de penitenciaría, aunque por ese caso no volverá a la cárcel ya que se le otorgó la libertad provisional.

En tanto, el expediente por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barrero y William Whitelaw, en el que fue enjuiciado junto con el ex dictador Juan María Bordaberry, se encuentra en trámite, y todavía el juez no está en condiciones de dictar sentencia, ya que se encuentra en etapa de prueba.

TRASFONDO. Según el abogado, las causas judiciales contra el ex canciller "dejan apreciar un evidente trasfondo político, más que la búsqueda de la verdad material de supuestos hechos ilícitos". "Son dos procesos judiciales fuertemente contaminados por acontecimientos políticos", cuestionó.

"Se están tergiversando las finalidades propias de la privación de libertad, que no puede soliviantar intencionalidades políticas, sino que tiene por objetivo que el indagado no se fugue ni ponga trabas a la investigación", sostuvo Pereira Garmendia.

Además, a juicio del abogado, "intentar vincular" a Blanco con los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz o la desaparición de Quinteros "es absolutamente aberrante y no tiene ningún tipo de sentido".

Curbelo Tammaro, por su parte, coincidió con Pereira Garmendia en que los casos que afronta el ex canciller son el producto de una "ardua confrontación política más que un tema jurídico".

Al respecto, dijo a El País que Blanco se encuentra en Cárcel Central desde fines de 2006 "sin sentencia y a pesar de su edad no se le permite la reclusión domiciliaria aunque padece una severa afección pulmonar que se agudiza cada invierno", indicó Curbelo Tammaro.

ANTECEDENTE. En mayo 2007, la CIDH recomendó la excarcelación de los hermanos José, Dante y Jorge Peirano Basso, quienes se encontraban detenidos sin condena desde agosto de 2002, cuando fueron procesados por el vaciamiento del Banco Montevideo.

En base a ese informe de la OEA que cuestionó la extensa reclusión de los ex banqueros, fue que la jueza Graciela Gatti ordenó su liberación.

De todos modos, Pereira Garmendia aclaró que la situación de Blanco presenta algunas diferencias en relación a los hermanos Peirano Basso, ya que en ese caso el argumento fue la prolongada reclusión, mientras que en cuanto al ex canciller, el tiempo que transcurrió luego de los hechos investigado explica la demora de los juicios. "Yo no puedo decir que estos procesos demoraron más de la cuenta, pero otra cosa distinta es el motivo por el cual Blanco está privado de su libertad", concluyó el abogado.