Financiar slots irregulares pasa a ser un delito

Un proyecto de ley para prohibir los slots en clubes, cantinas y bares fue firmado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y enviado ayer al Parlamento.

La iniciativa establece, además, que la financiación y la producción de esta actividad deja de ser una falta y pasa a ser un delito. Advierte que el Estado incautará las maquinitas tragamonedas en infracción, las cuales serán destruidas por Casinos.

En la exposición de motivos, el presidente Vázquez señala que uno de los cometidos de la Dirección de Casinos es la detección de los juegos de azar ilegales. "Dicha tarea se ha visto dificultada en distintas ocasiones, como consecuencia de la escasa punibilidad del juego clandestino, el cual -en el régimen actual- se encuentra tipificado meramente como una falta y no como una figura delictiva", señaló el primer mandatario. Es decir, sobre los propietarios de las máquinas no recae ninguna responsabilidad penal.

En el proyecto, Vázquez señala que esta actividad "ha incrementado" su trascendencia en los últimos tiempos, "estimándose que se está ante un proceso de proliferación de máquinas clandestinas (tragamonedas) diseminadas por todo el país, en distintos comercios, bares, centros nocturnos, instituciones sociales y deportivas".

Según el proyecto, lo expuesto "estaría generando distintos perjuicios" a la sociedad. La iniciativa menciona tres daños eventualmente ocasionados por esta actividad: "La ausencia de garantías y controles" en lo que se refiere al monto abonado y la eventual adulteración del resultado del juego; la "importante participación de menores" en el universo apostador y "un perjuicio" para el Estado que "no es menor".

El director de Casinos, Fernando Nopitsch, dijo en el Parlamento en noviembre de 2008 que habían 15.000 slots "irregulares" y que estos recaudaban US$ 36 millones anuales. Nopitsch va hoy al Parlamento para brindar su visión sobre esta actividad.

El vicepresidente de la gremial de propietarios de maquinitas (Aufoje) Daniel de León rechazó esas afirmaciones y señaló que el gobierno busca beneficiar a capitales transnacionales del juego y perjudicar a "humildes y pequeños empresarios uruguayos". De León agregó que el gobierno "no busca prohibir el juego porque está impulsando una megalicitación dirigida a empresarios privados a asociarse en todos los casinos" del país.