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Pablo Da Silveira
Hablando en grueso, la enseñanza pública uruguaya consiste en unas 2.300 escuelas, algo más de 300 liceos y unos 130 establecimientos de educación técnica. Ese conjunto de institutos (junto a unos 300 centros de educación inicial y los institutos de formación docente) constituye el universo sobre el que intentan mandar las autoridades de ANEP.
Lo habitual en nuestro país es que las decisiones se tomen para todo ese conjunto. Cuando la reforma Rama intentó eliminar las asignaturas en el Ciclo Básico, apuntó a hacerlo en todos los liceos. Cuando los autores de la reciente Ley de Educación decidieron instalar ámbitos de participación y de deliberación por centro de estudio, los impusieron en todos los establecimientos. Pero lo habitual también es que estos intentos generen formas de oposición igualmente generales. La reforma Rama enfrentó resistencias desde el inicio, y fue desmantelada en casi todo lo esencial por la actual administración. La Ley de Educación apenas había sido aprobada cuando la oposición anunciaba su voluntad de derogarla si se produce un cambio de gobierno.
Los intentos de tomar decisiones que abarquen a todos los establecimientos terminan frecuentemente en bloqueos. En cambio, las iniciativas que se aplican a menor escala suelen tener más aceptación y terminan por generar mayor impacto. Eso fue lo que pasó con la llamada "microexperiencia" y con las escuelas de tiempo completo: dos ideas nacidas en la primera mitad de los años noventa que prolongan su influencia hasta hoy.
Nuestro propio recorrido indica, entonces, cuál es el mejor camino a seguir: en lugar de embarcarnos en grandes batallas que concluyan en bloqueos político-corporativos, deberíamos concentrarnos en poner a prueba ideas concretas. Algunas de ellas tendrán que ver con lo pedagógico y otras tendrán que ver con lo institucional (es decir, con el modo en que debe organizarse el funcionamiento cotidiano de las escuelas y liceos). Pero lo importante es que todas sean evaluadas en función de lo que pueden aportar a los uruguayos más necesitados de hacer aprendizajes de calidad.
Vistas así las cosas, suena razonable que reservemos una parte de los establecimientos controlados por el Estado para usarlos como un laboratorio en el que podamos ensayar diferentes iniciativas de cambio. A ese fin podríamos dedicar, por ejemplo, el diez por ciento de las escuelas, liceos y locales de UTU, es decir, unos 280 establecimientos.
¿Por qué el diez por ciento, y no más ni menos? En primer lugar, porque esa proporción es lo suficientemente pequeña como para que las autoridades educativas no vean amenazada su capacidad general de gobierno. En el noventa por ciento de los centros de estudio, las autoridades de ANEP seguirán aplicando sus políticas generales. Pero, al mismo tiempo, esa proporción es lo suficientemente grande como para que pueda coexistir una razonable diversidad de experiencias que se alejen de los lineamientos comunes. Sólo así podremos incorporar el "efecto demostración".
Las experiencias piloto tienen, sin embargo, sus propios riesgos. Muy especialmente enfrentan el peligro de que se las aísle y se las deje morir por inanición. Por eso es muy importante pensar cómo debería ser el diseño institucional de una apuesta semejante.
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