La guerra sucia

Apocos días de terminadas las primarias, el candidato oficialista, ya inmerso en el clima de nerviosismo imperante entre aquellos soberbios del poder a quienes no les importaba nada llevarse por delante al derecho vigente y las garantías ciudadanas, acusaron al Dr. Lacalle de "sabotear" al país por haber aconsejado a eventuales inversores a esperar al mes de diciembre, antes de arriesgar la radicación en el país de su capital, sin la certidumbre de cuál será el rumbo que habrá de darle el próximo gobierno. No creemos que nadie medianamente informado de la tendencia ideológica -del hoy primera figura de la coalición de izquierdas que pretende perpetuarse en el poder, y de su séquito más intensamente vinculado- se animara a semejante prueba, por lo cual la recomendación del candidato nacionalista quizá pudo ser sobreabundante. De todas maneras, no justifica la grosería de la acotación de un episodio ocurrido bajo el gobierno del Partido Nacional, que si bien suavizada después, quedó latente como amenaza. La guerra sucia es un riesgo insólito, con posibles agresores involucrados en delitos de sangre y algunos episodios de corrupción probada y otros muy confusos, de los que no se han escapado quienes proclamaban "posibles metidas de pata aunque no de mano en la lata".

Pero ya que el propio Mujica sacó el tema de los inversores, vale la pena analizar ejemplos que le han dado y le están dando la razón a todos aquellos que antes de dar un paso adelante, quieren mirarle las patas a la sota.

Por lo pronto, en un país en donde hay quien pretende por vía de reforma constitucional "anular" una ley vigente y aplicada durante casi un cuarto de siglo, creando la ficción absurda que nunca existió, hay algo que no está muy firme, además de la falta de cordura de los impulsores y de la inocencia de los que los apoyan. Y es nada menos que la seguridad jurídica.

Eso, a un inversor le interesa. Como le interesa también, el marco legal que regula las relaciones laborales, aspecto en el cual Uruguay está mirado en el mundo como un país de altísimo riesgo. Es sabido que la mentalidad sindical predominante está estancada, y concibe a la huelga en sus modalidades más primitivas -como la huelga salvaje, la que estalla sin negociación previa, la huelga coactiva- no como un derecho sino como un instrumento de la lucha de clases, razón de ser de la condición de dirigente gremial. Y este gobierno se ha encargado de agudizar la regresión sindical, abriendo campo a las ocupaciones de empresas, a las violaciones al derecho de propiedad, y a leyes semibárbaras como la de tercerizaciones, como el proyecto de negociación colectiva, y como el que acaba de sancionar el Senado respecto de las modificaciones al proceso laboral.

En nuestro suplemento "El empresario" del viernes pasado, la experta Lourdes Denis, aporta un interesante trabajo de cómo este proyecto de código procesal perjudicará a las empresas, en la medida que acorta plazos para contestar la demanda, niega la apelación de créditos de "menor cuantía" (inferiores a $ 81.000) y condiciona la apelación de otras sentencias al depósito del 50% de la condena, además de imponer multas adicionales a las normas aplicables obligatoriamente sobre actualización de créditos y daños y perjuicios.

En el ámbito político además, el Partido Nacional, con el estudio conjunto de los senadores Abreu y Moreira y un fuerte asesoramiento del Instituto de Derecho Procesal -que es la opinión de la Universidad de la República- y de la Suprema Corte de Justicia, con la exposición del primero, fundamentó y relacionó motivos concluyentes para no votar ese proyecto, que a las empresas que más perjudica es a las pequeñas y medianas, en todos los ámbitos, que en su conjunto comprenden alrededor del 70% del Producto y la ocupación. Pero además perjudica a los propios trabajadores, al consagrar la inapelabilidad de las sentencias por créditos menores a la cifra indicada, y consagra una gruesa inconstitucionalidad por violación a los derechos de igualdad y al debido proceso.

Entonces, si "Mujica y asociados" quieren atraer inversiones, será mejor que empiecen por frenar este desborde de legislación inspirada en la jungla del socialismo jurásico, en lugar de inventar sabotajes y ensuciar el debate electoral, como si tuvieran autoridad para denunciar, criticar o recordar el pasado.