Ex presos políticos exigen al gobierno una reparación justa

Los ex presos políticos reclamaron ayer al gobierno que aprueba una ley de reparación integral, que abarque a todas las víctimas de la dictadura y que el resarcimiento económico se ajuste a los tratados internacionales suscritos por el país.

Los integrantes de la organización Crysol realizaron ayer la primera concentración frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de que se modifique el proyecto del gobierno, antes de ser aprobado por el Parlamento. El presidente de la organización, Waldemar Tarocco, dijo a El País que si bien el proyecto que se encuentra a estudio del Senado representa "un avance", no contempla las aspiraciones de la entidad.

Para Tarocco, en la iniciativa del gobierno no se cumple con "el articulado" de la normativa internacional que señala que la reparación debe contemplar "la restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición" de hechos ocurridos durante la dictadura militar.

"Esto es cuestión de derecho internacional, no de Crysol", expresó Tarocco.

El proyecto del gobierno establece un pago a los familiares de los desaparecidos de 500 mil Unidades Indexadas ($ 964.300 al valor de junio), mientras que a los que fueron objeto de "lesiones gravísimas" se los indemnizará con 250 mil Unidades Indexadas ($ 482.150).

Según Tarocco, la iniciativa no contempla como lesiones "gravísimas a las mujeres violadas o las que perdieron un embarazo". Se quejó además que en el caso de los niños nacidos en cautiverio, solo se contemple a los que permanecieron en esa situación durante 180 días.

"Si un niño estuvo en cautiverio cinco meses en lugar de seis, no es contemplado por la ley", explicó Tarocco.

En la iniciativa oficial se plantea que los ex presos podrán recibir una jubilación o pensión, siempre que no perciban una retribución superior a 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 16.524 al valor de junio). Tarocco subrayó que no se plantea entregar a los ex presos políticos edificios donde funcionaron centros clandestinos de detención. "Reclamamos Punta de Rieles y el actual edificio del Calem, en Bulevar Artigas y Palmar", donde funcionó el Servicio de Información de Defensa, dijo.