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El polémico proyecto de ley para la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado comienza a discutirse hoy en el Parlamento. El mismo, propone indemnizar "por única vez" con unos US$ 40 mil a los familiares de ciudadanos desaparecidos o asesinados pero no incluye reparaciones económicas para ex presos y exiliados.
También plantea para las víctimas "que hubiesen sufrido lesiones gravísimas", un resarcimiento de aproximadamente US$ 20 mil y para los niños que hayan permanecido desparecidos por más de 30 días, unos US$ 30 mil.
En el proyecto se reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho durante la dictadura militar (del 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985), pero no se pide el perdón que reclaman los ex prisioneros.
También reconoce la responsabilidad del Estado en "la práctica sistemática de la tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad".
La iniciativa prevé además "acciones materiales o simbólicas" para restablecer la dignidad de las víctimas" y colocar una placa en todos los locales donde se produjeron violaciones a los derechos humanos.
Juicios. El proyecto del Poder Ejecutivo, no conformó a los ex presos políticos por entender que la iniciativa no los contempla, ni tampoco a los exiliados como ha ocurrido en otras leyes reparatorias en América Latina.
El presidente de Crysol, Waldemar Taroco, dijo a El País que varios "compañeros ya manifestaron su intención de demandar al Estado" . Añadió que varios abogados ya se ofrecieron actuar de querellantes para iniciar las demandas.
Taroco subrayó que el proyecto conocido ayer "no es de reparación integral", porque "el universo que abarca es muy chico". Destacó que los ex presos políticos no están contemplados.
Consideró que el "único proyecto de reparación integral" fue el que le presentó al gobierno de Tabaré Vázquez la organización, pero el mismo "no fue tenido" en cuenta por el oficialismo.
Si bien reconoció que la iniciativa es "un avance", no se aproxima a los planteos propuestos por Crysol, entre ellos que el Estado "pida perdón" por las consecuencias que generó el terrorismo de Estado.
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