Delicado camino

La "situación" en Honduras se convirtió en una crisis regional que involucra a la OEA, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de Río.

Incluso se propuso que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, retornase a su país desde Washington acompañado por el secretario, José Miguel Insulza, el presidente del Ecuador, Rafael Correa y el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D`Escoto. La presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, invitó al presidente Vázquez para viajar juntos en el avión que habría de retornar a Zelaya a su país. "Vázquez agradeció el gesto" -dice la nota- "pero dijo que Uruguay está apoyando las gestiones de la OEA". Corresponde apoyar esta decisión sensata en un momento en que esta cualidad esencial parece brillar por su ausencia.

Los hechos son conocidos. En la mañana del domingo 5 de julio, militares del Ejército de Honduras entraron a la residencia presidencial, apresaron a Zelaya y, sin mucha ceremonia, lo pusieron en un avión con destino a Costa Rica. Poco después el Congreso le tomó el juramento como presidente a Roberto Micheletti para que complete el período del mandato del presidente depuesto.

La comunidad internacional condenó en forma unánime lo acontecido. El presidente Obama declaró que la destitución era un acto ilegítimo. La OEA censuró "enérgicamente el golpe de Estado". La Asamblea General de la ONU demandó "la inmediata e incondicional restauración del gobierno legítimo y constitucional" de Zelaya, "para que cumpla el mandato para el cual fue democráticamente elegido"

El golpe de Estado es un acto inaceptable. Aunque en este caso fue bastante atípico: los militares no asumieron el poder ni digitaron un títere; se dio de baja al presidente con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia y del propio Poder Legislativo. Además de que Zelaya, por su parte, dio muestras de no respetar la Constitución.

Los próximos pasos de la comunidad internacional deben ser dados con mucho cuidado; no se puede cruzar el tenue límite que separa la legítima presión para el retorno a la democracia de la intervención indebida en los asuntos internos de otro Estado.