Alcance de ley de tierras despierta incertidumbre

Los actuales propietarios extranjeros de tierras ubicadas en lo que será la Zona de Seguridad Fronteriza -20 kilómetros de ancho contados desde la línea de frontera-, tendrán que esperar a que se reglamente la ley enviada al Parlamento para conocer el mecanismo por el cual podrán regularizar su situación.El proyecto de ley sobre seguridad fronteriza limita la titularidad de la propiedad de tierras en esa franja a los ciudadanos legales o naturales. En caso de ser extranjeros exige que tengan 15 años de residencia y que cuenten con derecho al sufragio. Además requiere que en caso de tratarse de empresas, los dueños de las acciones, directores o administradores de las mismas sean ciudadanos legales o naturales. Pero la ley no estipula qué ocurrirá con aquellos que no cumplen con esos requisitos y ya cuentan con tierras.

En los hechos, gran parte de los propietarios de las tierras sobre la frontera son extranjeros y entre ellos se ubican algunas multinacionales que no cuentan con residencia de 15 años ni derecho al sufragio y sus directivos no son uruguayos, lo que abre una incógnita sobre qué ocurrirá con ellos.

En el artículo quinto del proyecto de ley se establece que existirá un régimen de excepciones -sin definir- a reglamentar por el Poder Ejecutivo. Dice que éste "a petición de parte y mediante resolución fundada, podrá autorizar a personas físicas o jurídicas que no reúnan los requisitos" a "ejercer la titularidad" de las propiedades. Y aclara que al reglamentar las condiciones de la autorización, el Ejecutivo tendrá en cuenta que los proyectos allí instalados impliquen incorporación de tecnología, facilitación de la diversificación de exportaciones, generación de empleo, integración productiva, descentralización.

El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Andrés Berterreche aseguró a El País que se otorgarán "los plazos necesarios" para que los extranjeros "saquen la ciudadanía para que puedan convertirse en propietarios nacionales".

Agregó que la conservación del estatus sanitario de Uruguay, lleva a la necesidad de legislar sobre la propiedad. En tanto las gremiales buscan fijar una posición para modificar algunos puntos.