¿Invertir o no invertir?

Antonio Mercader

A Mujica le disgusta que Lacalle propague sus dudas sobre la oportunidad de invertir en Uruguay antes de las elecciones, pero hace poco por aclarar las cosas. Ahí está, inamovible, la Constituyente prevista en el programa del Frente Amplio para cambiar la Constitución. Consultado, Mujica dijo que la Constituyente se justifica si es para discutir el derecho de propiedad. Aunque la senadora Topolansky aclaró que su marido aludió a la propiedad intelectual, siguen las interrogantes. Ayer, Mujica volvió sobre el tema y habló de limitar la propiedad rural. Intelectual, rural... ¿en qué quedamos?

Sólo saldremos de dudas si gana el Frente y pone a sesionar a 260 constituyentes -electos en comicios a celebrarse en 2011- para que discutan sobre la "función social de la propiedad" y "el control de los medios de producción", esas frases usuales entre nuestros izquierdistas, adictos al chavista y soñado "socialismo del siglo XXI". Es evidente que las decisiones de una Constituyente -de la más vasta gama imaginable- pueden afectar a todos los propietarios del país, intelectuales, rurales o lo que fuere.

Varios gobernantes salieron a respaldar a Mujica diciendo que estos son espantajos agitados por Lacalle para pintar a la izquierda como un cuco. Empero, la realidad indica que existen avances decididos contra el derecho de propiedad impulsados por sectores afines a Mujica. Dos ejemplos son las leyes de ordenamiento territorial y de negociación colectiva, creaciones respectivas de dos ministros del riñón mujiquista, Agazzi y Bonomi. La primera está vigente y lastima; la segunda es un proyecto que hoy se busca aprobar en el Parlamento pese a la resistencia desesperada de las cámaras empresariales, es decir, de los propietarios.

Detengámonos en ese proyecto que maniata a los empresarios con reglas estrictas mientras los sindicalistas se mueven a su aire. Un proyecto que cristaliza la presencia del Estado en la relación patronos-trabajadores, algo sin precedentes en nuestro país. Lo hace con instrumentos como el Consejo Superior Tripartito (CST), una suerte de órgano de solución de controversias en donde los delegados del Ejecutivo y los sindicatos son amplia mayoría. Lo que no acuerden las dos partes en los Consejos de Salarios lo decidirá el CST, convertido en árbitro supremo. Basta que un sindicato objete un acuerdo con la patronal para que el tema pase a un CST flechado contra los empresarios.

Otra inquietud causada por el proyecto es que se ensanchan las funciones de los Consejos de Salarios que, de sancionarse esta norma, regularán "las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada". O sea que no sólo fijarán el monto mínimo de los salarios sino que se ocuparán de todas las normas del estatuto laboral, incluidas horas extras, licencias, turnos, etc. Aquí también, dado el carácter tripartito de los Consejos, el Estado tendrá un peso decisivo para inclinar la balanza en contra de los empresarios, esos inversores reales y potenciales que con tanto esmero dice cuidar este gobierno.

Nueva Constitución para regular el derecho de propiedad y nueva ley sobre relaciones entre capital y trabajo, todo ello impulsado con el acento estatista y socializante que caracteriza al entorno de Mujica. Un entorno en donde alternan Topolansky, Fernández Huidobro, Couriel, Marenales, Lorier y un renacido Leonardo Nicolini.

¿Acaso esas ideas y esos nombres no son de por sí señales suficientes para sumir en hondas cavilaciones a cualquier inversor?