Impedir un baño de sangre

Carlos Alberto Montaner

Afortunadamente, la expulsión de Zelaya de la presidencia y del país ocurrió de manera incruenta. No fue un clásico golpe militar: el ejército obedeció órdenes de la Corte Suprema ante las continuadas violaciones de la ley de un gobernante empeñado en hacerse reelegir, aunque violara la Constitución, y en arrastrar al país al campo chavista contra la voluntad de sus compatriotas.

No obstante, parece que todavía hay algo peor que el deprimente espectáculo de un presidente libremente electo que es forzado a abandonar el país a punta de fusil: tratar de imponer su regreso por la fuerza. Si Zelaya pone un pie en el país lo van a detener y acusar de diecisiete delitos diferentes que probablemente ha cometido. Lo van a encarcelar y va a ser muy embarazoso para quienes, irresponsablemente, decidan acompañarlo en esa loca aventura.

Esto es gravísimo. Esa situación, agitada por Hugo Chávez y por Daniel Ortega, que ya hablan de invasiones y de recurrir a la fuerza, puede desencadenar un baño de sangre en el país y destruiría la débil institucionalidad política trabajosamente lograda desde hace tres décadas, cuando terminó, felizmente, la época de las dictaduras militares.

Según el encuestador mexicano Mitofsky, en una investigación llevada a cabo en abril, el gobernante más impopular de América Latina era Manuel Zelaya. Sólo el 25% del país lo respaldaba, mientras otra encuesta diferente revelaba que el 67% jamás votaría otra vez por él. ¿Por qué? Porque los hondureños le achacaban una profunda corrupción, le suponían vínculos con el narcotráfico, especialmente el proveniente de Venezuela, y porque la violencia y la pobreza, los grandes flagelos del país, han aumentado dramáticamente durante sus tres años de gobierno.

Sencillamente, la inmensa mayoría del país, sin exceptuar a los sectores más populares, los dos grandes partidos políticos (incluido el del propio Zelaya), las iglesias cristianas, los otros estamentos del Estado y las fuerzas armadas, no lo quieren como presidente, aunque todos concordaban en que debía terminar su mandato y dejar el poder en enero de 2010. Sin embargo, no estaban de acuerdo en que vulnerara las leyes para tratar de perpetuarse en la presidencia, como ha hecho Hugo Chávez y tratan de hacer Daniel Ortega, Evo Morales y, probablemente, Rafael Correa. Los hondureños, sin la menor duda, no quieren seguir el camino del caudillismo colectivista que preconiza Chávez.

¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo peor, insisto, es recurrir a la fuerza contra la voluntad del propio pueblo.

Pienso que hay una solución satisfactoria al alcance de casi todos: adelantar las elecciones generales previstas para noviembre. Ya existen los candidatos, libremente elegidos en primarias abiertas, y ambos gozan de mucha popularidad. ¿Para qué precipitar irresponsablemente a esa sociedad en un torbellino de violencia? Una vez seleccionado el nuevo gobierno, provisto de la legitimidad que genera un proceso democrático, los hondureños podrán dejar en el pasado este lamentable episodio. Eso es lo mejor para casi todas las partes. Mel Zelaya habría perdido la partida, pero los hondureños no pagarían con su sangre el precio de los errores y las violaciones de la ley de un mal gobernante.