Más de 250 retirados que esperan reparación oficial

PILAR BESADA

Más de 250 militares retirados esperan desde 2006 una compensación por haber sido perjudicados por la dictadura, algo que otros 250 disfrutan hace tres años. Denuncian un "motivo político", y que no hay interés en acelerar los trámites.

Esta semana el Poder Ejecutivo indemnizó a los militares retirados Venancio Caballero y Guillermo Ramírez, según una ley aprobada en 2006. Las resoluciones de Presidencia, inesperadas, reavivaron el pedido de más de 200 militares en la misma situación que esperan ser compensados.

Según la ley 17.949, de 2006, los militares que durante la dictadura (1973-1985) fueron destituidos o desvinculados de su cargo por motivos ideológicos o políticos, tienen derecho a recibir una indemnización monetaria de 24 veces el monto de su pensión, y un aumento del 25% de la jubilación.

Pocos meses después de aprobada la ley, fueron amparados por ella unos 250 militares retirados, pero aún quedan pendientes otras 250 solicitudes presentadas.

El diputado Javier García, integrante de la Comisión de Defensa, denunció en septiembre de 2008 que existía un "motivo político" por el cual se le otorgaba el beneficio a unos militares y a otros no, y que entre los que todavía no habían sido amparados por la ley, ninguno era afín al Frente Amplio.

El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, dijo a El País que los casos se están tratando por orden cronológico de presentación, y que las solicitudes están "en proceso", pero que se trata de un trámite "casi judicial" que lleva tiempo. "Es un trabajo importante, de acumulación de pruebas, de certificación de esas pruebas, de pedidos de informes", aclaró Menéndez.

También existen versiones de allegados a los reclamantes que aseguran que el gobierno no esperaba que se presentaran tantas solicitudes cuando elaboró la ley, y que no cuenta con el dinero suficiente para pagar las indemnizaciones.

El abogado Héctor Clavijo, quien integró la comisión creada por ley que estudia las solicitudes de los militares, comentó a El País que en un año se reunió solamente en dos ocasiones, y que las solicitudes estaban demoradas por una "falta de interés" del Poder Ejecutivo de sacarlas adelante.

Clavijo, ex prosecretario de la Cámara de Diputados de filiación blanca y ex abogado de Líber Seregni, integró la comisión entre febrero de 2006 y junio de 2007, cuando fue destituido por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti.

Según Clavijo, lo retiraron "porque trabajaba". "Le tomaba declaraciones a las personas y les explicaba a los soldados lo que tenían que hacer para presentar pruebas. Y parece que eso les debe haber molestado", dijo a El País.

El abogado Gonzalo Aguirre patrocinó a un grupo de 40 militares reclamantes, la mayoría en el entorno de los 80 años. Aguirre comentó a El País que la aprobación de las solicitudes tiene "una lentitud desesperante", sobre todo por la edad de los militares, a quienes "les va a quedar muy poco tiempo para disfrutar la compensación, si es que la reciben".

Clavijo opina que en las primeras aprobaciones no hubo un motivo estrictamente político, ya que militares como el coronel Walter Malán, de filiación blanca, fueron compensados. El criterio radicó en que las primeras centenas de casos habían sido reconocidos durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y vueltos a estudiar durante la gestión de la ex ministra Berrutti. Según Clavijo, estos casos eran "de cajón" y los más sonados de militares en contra del golpe.

Reticentes a compensar por el "Inciso G" de 1977

Gran parte de los casos de militares que esperan ser compensados fueron retirados de su cargo por el inciso G de la Ley Orgánica Militar en 1977, que agregaba como causal de retiro obligatorio el no estar de acuerdo con el régimen militar.

El abogado Héctor Cla-vijo afirmó que, al menos mientras él integró la comisión que estudia los casos, "la opinión general" era no aprobar los casos de retiro por el inciso G, por considerar que ellos ya habían sido contemplados por otra ley aprobada en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), que los ascendía de grado y les otorgaba el sueldo acorde al grado superior. Varios de los militares ya compensados fueron encarcelados en la dictadura, o sometidos a tribunales de honor.