Cuando el Estado limita el derecho al voto

DIEGO FISCHER

Patricia es una amiga que tiene dos hijos con capacidades físicas diferentes. Es una gran luchadora que, junto a Roberto, su marido, ha trabajado siempre muy duro para sacar adelante a Rodrigo y Javier en este Uruguay en el que -muchas veces- el propio Estado es especialista en levantar barreras y no exclusivamente arquitectónicas.

Rodrigo y Javier -que caminan con bastones- fueron el domingo pasado a votar. Les tocó en un local de la calle Cabo Polonio, en el Parque Rodó. Para estos muchachos, que rondan los 25 años el ejercer el derecho al voto se transformó en una odisea. La mesa que les correspondía estaba en el primer piso del edificio y para acceder a él había que subir por una escalera sin barandas, pese a que el local contaba con un ascensor que había sido desactivado y cerrado con llaves.

Pero el entusiasmo y la voluntad pudieron más que los obstáculos, y haciendo un esfuerzo extraordinario y con la ayuda de su hermana Magdalena, llegaron hasta el circuito de votación.

Cuando se retiraban, una señora mayor, en silla de ruedas, se vio en la misma situación. Debió ser subida por tres personas.

Es muy difícil, por no decir imposible entender lo que una persona con una limitación física siente, sino se tiene o se ha tenido un caso muy cercano. Yo lo tuve y por eso puedo hablar con propiedad.

Usar silla de ruedas, muletas o bastones canadienses para trasladarse por Montevideo, es una aventura nada divertida que exige esfuerzos físicos mayores y condiciona no se imagina usted cuánto a las personas que padecen la discapacidad y a su entorno.

Hay leyes y ordenanzas municipales que exigen que en los lugares públicos existan rampas y facilidades de acceso. Pero eso forma parte del país de papel. Sólo alcanza con citar dos ejemplos: la rampa de la Intendencia de Montevideo, ubicada sobre la calle Ejido y la que existe en el Palacio Legislativo sobre la avenida General Flores, tienen pendientes que superan los 25 grados cuando lo aconsejable es que sean de 7 grados; lo que hace imposible que una persona en sillas de ruedas o con bastones puedan subirlas.

Deben ser muy pocos los gobernantes que tienen cerca personas con capacidades físicas diferentes; sino -tal vez- harían cumplir las normas y entenderían cuánto sufren esos compatriotas a los que la indiferencia y desidia del Estado les pone obstáculos hasta para ejercer el voto.