Los juicios de consumidores tendrán trabas operativas

PABLO MELENDREZ

El Poder Judicial reconoció que, según la cantidad de demandas de consumidores que se presenten en función del nuevo proceso judicial creado por ley, se podrían registrar dificultades en los juzgados, principalmente en zonas del interior.

"Vamos a ver si nos dan los medios para aplicar el sistema en todo el país", dijo ayer el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Ruibal Pino en relación a la promulgación de la reglamentación que estableció un sistema de reclamación judicial para casos donde consumidores pidan una indemnización que no supere las 100 Unidades Reajustables, lo que equivale a $ 42.000.

Las demandas de estas características deberán ser tramitadas ante los Juzgados de Paz, donde primero se deberá tentar la conciliación. Los jueces tendrán que citar a audiencia a los 30 días de presentada la acción, y la sentencia -que no podrá ser apelada- deberá ser dictada en la misma instancia, salvo casos excepcionales.

De esa forma, se creó el mecanismo de reclamación judicial mediante el cual los consumidores de bienes y servicios podrán ejercer sus derechos en función de lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor y Regulación de las Relaciones de Consumo, aprobada en el año 2000, pero que no preveía un procedimiento específico para juicios de este tipo.

Hasta ahora, las demandas de los consumidores se podían tramitar únicamente por la vía administrativa ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía o mediante juicios civiles ordinarios, que por su elevado costo, no justifican su realización, dijo a El País el titular de la Dirección General de Comercio del MEF, Fernando Antía.

PROBLEMA GRAVE. Independientemente de la relevancia social que tiene el mecanismo aprobado, Ruibal Pino señaló a El País que en función de las características del proceso establecido -que no requiere el patrocinio de abogados y que prevé plazos muy breves- se podrían generar "graves problemas" en el funcionamiento de los Juzgados de Paz, ya que existe la posibilidad de que los magistrados "no puedan absorber todo el volumen de trabajo".

El ministro de la SCJ agregó que, en particular, esa dificultad se podría registrar en departamentos del interior como Rivera, Maldonado, Salto y Paysandú, donde hay pocos Juzgados de Paz. Ruibal Pino no prevé que ello ocurra en Montevideo, donde existen 38 sedes.

Sin embargo, según la visión de Antía, actualmente, los "potenciales" demandantes serían unas 1.300 personas que no alcanzaron una conciliación en sus reclamos ante el Área de Defensa del Consumidor, por lo que estimó poco probable que se saturen las sedes judiciales que básicamente tienen competencia en casos de desalojos o reclamos civiles que no superen los $ 160.000.

Según dijo Ruibal Pino, si efectivamente los Juzgados de Paz se ven sobrepasados de trabajo, la solución que se podrá adoptar a futuro es la redistribución de la competencia en casos de reclamos de consumidores o, eventualmente, la creación de sedes especializadas en esa materia.

SEGUNDO PASO. Por su parte, la magistrada Dora Szafir, especialista en Derecho de Consumo, opinó que a modo de comienzo, "está bien" que los procedimientos reclamatorios se lleven a cabo en sedes de Paz.

No obstante, la especialista que integró la comisión que redactó la ley, subrayó que tras evaluar el nuevo sistema, el "segundo paso" será la creación de juzgados especializados, aspecto que fue considerado, pero se descartó por falta de fondos.

Por otro lado, Szafir estimó que, debido a que el mecanismo establecido es "simple", eso permitirá que las partes "logren firmar acuerdos por la vía de la conciliación", apuntó.

Además, la magistrada destacó que el nuevo procedimiento servirá para dar a conocer la Ley de Defensa del Consumidor, ya que "no hay conciencia sobre su ámbito de aplicación y lo útil que puede resultar", se lamentó Szafir.

Celulares y préstamos

Las consultas por compra de celulares fallados, deficiencias con la prestación de servicio de telefonía móvil y dificultades en los servicios de empresas financieras y crediticias, lideran el "ranking" de los casos por los cuales los usuarios se contactan con el Área de Defensa del Consumidor que depende de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía. Según los datos disponibles en la página web de esa oficina, entre el 1° de enero y el 31 de mayo, se realizaron 8.255 consultas por posibles irregularidades cometidas por proveedores o prestadores de servicios; 614 casos corresponden a quejas por la compra de celulares, 846 a defectos en la prestación de servicios de telefonía móvil y 978 por la actividad de casas financieras. Además de las consultas, se presentaron 112 denuncias, de las cuales 39 son por productos y las 73 restantes por servicios