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La comisión de Legislación de trabajo recibió hoy a nueve cámaras de rubros muy diversos con el fin de escuchar sus planteos acerca del proyecto de ley de negociación colectiva, que el gobierno intenta aprobar. El diputado oficialista, Juan José Bentancor dijo a EL PAÍS digital que "el abecedario es prácticamente el mismo al formulado por las 24 cámaras hace unos días a los parlamentarios".
El miércoles que viene la comisión recibirá a alguna otra delegación que todavía no se hizo presente, como la Universidad de la República y el Instituto de Trabajo y la siguiente semana se comenzará a tratar el proyecto artículo por artículo. "Creemos que el tiempo dado ha sido suficiente y que se han abierto todos los caminos para escuchar a todas las cámaras empresariales en reiteración más que real", indicó el legislador.
El proyecto, que cuenta con 20 artículos, podrá sufrir alguna modificación que contemple las preocupaciones de algunas cámaras, pero estas no harán que la esencial del proyecto se vea afectado, explicó Bentancor. Luego de esta instancia, esta previsto que la ley sea remitida a la cámara para que sea analizada en el plenario.
Las contemplaciones que se podrán hacer a los empresarios son básicamente tres: la obligación de negociar, la discusión de los salarios mínimos de forma paritaria entre trabajadores y empresarios y el acuerdo de las condiciones de trabajo.
Con respecto al primer reclamo, el parlamentario indicó que en el proyecto no se habla de obligación de negociar, sino de la "obligación de negociar de buena fe", tal como lo prevé cualquier catálogo de la OIT. En referencia al segundo punto, sostuvo que esta administración comenzó a discutir el tema de los salarios mínimos por categoría de forma tripartita (empresarios, trabajadores y empleados) de acuerdo a un reclamo de la OIT al Uruguay.
En cuanto, al último pedido, Bentancor explicó que en concordancia con lo que han estado trabajando, conviene que las condiciones de trabajo las definan los empresarios junto con los trabajadores, como se ha estado haciendo hasta ahora y que el gobierno le de a ese convenio una validez jurídica, es decir, que la convierta en ley. En este sentido, agregó que algunas cámaras han lanzado una "alarma pública innecesaria de que no iban a ser dueños de su emprendimiento", cuando esto no va a suceder.
El parlamentario agregó que se trata de una ley que todos dicen que están de acuerdo que la haya porque es necesaria, pero "a renglón seguido dicen que este proyecto no les gusta" porque se ha hecho en poco tiempo y porque debiera recoger las particularidades de cada sector.
En este sentido, explicó los delegados de la Marina Mercante plantearon hoy que para ellos por el tipo de rutina resultaba muy complicado hacer regir la ley de las horas extras. También las Pymes pusieron en conocimiento su preocupación acerca de cómo les podría afectar esta ley teniendo en cuenta la poca cantidad de empleados con la que cuentan.
Al respecto, Bentancor sostuvo que se trata "más bien de cosas de ajustes", que se vienen llevando a cabo así desde hace 40 años y por lo tanto no van a cambiar. "Ningún ministro de ningún partido va a cambiar las cosas si se vienen llevando bien", añadió.
OPOSICIÓN. Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Iturralde, miembro de la comisión dijo a EL PAÍS digital que a su entender no está bien sacar una ley que tenga 52 votos a favor y 47 de la oposición en contra a escasos meses de las elecciones.
Agregó que además pretenden lograr algunos acercamientos y mejorar el proyecto, incluyendo en el la cláusula de paz, evitando la creación de tantos organismos burocráticos y atendiendo los planteos de la OIT.
Por su parte, Bentancor sostuvo que no ve la dificultad de discutir esta ley en un año electoral, más aún teniendo en cuenta de que el proyecto se viene discutiendo desde hace dos años. Al mismo tiempo, manifestó que si se aprueba este año, la gente en octubre va a tener la opción de elegir por un partido que aprobó la negociación colectiva y otros que votaron en contra. "Qué más democrático que eso", indicó, al tiempo que reafirmó que para la actual administración convertir esta negociación en obligatoria es algo programático.
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