¿Ley de papel?

Se sabe que rigen en nuestro país leyes bien inspiradas que nadie cumple. Lo extraño es cuando ese incumplimiento proviene de ministerios, entes estatales y otros organismos públicos como ocurre con la "Ley de derecho de acceso a la información pública" aprobada en octubre de 2008 y que permite a los ciudadanos solicitar datos sobre el manejo interno del Estado uruguayo.

Se denuncia que las obligaciones de esa nueva ley son abiertamente desacatadas por los ministerios de Ganadería, Turismo y Salud Pública, así como por UTE, Antel, BPS y la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse).

Tales organismos están omisos en responder dentro del plazo legal a consultas formuladas por ciudadanos o instituciones interesadas en obtener información sobre la manera en que se administran los organismos o sobre algunas de sus recientes resoluciones.

La ley 13.381, aprobada con bombos y platillos como "la solución al tradicional secretismo del Estado uruguayo", permite que cualquier persona pida los datos, al tiempo que obliga a suministrarlos en 20 días, pasados los cuales el interesado puede comparecer ante la justicia. Pese a que contó con el auspicio del Poder Ejecutivo que la consideró "un importante avance democrático" y un acto de "transparencia", impresiona comprobar que algunos ministerios hacen caso omiso de las nuevas normas y defraudan las expectativas ciudadanas.

Obrando de este modo, el propio gobierno borra con el codo lo que escribió con la mano al impulsar la aprobación de estas normas. Con todo, se recuerda que la Presidencia de la República fue de las primeras en dar el ejemplo al contestar el pedido de un dirigente colorado que quería conocer cuánto se gastó en el montaje de aquel sonado mitin celebrado en marzo en la avenida 18 de Julio cuyo único orador fue Tabaré Vázquez. Si aquella pronta respuesta fue una buena señal del acatamiento de la ley, los actuales actos de desobediencia a la misma deberían ser enmendados rápidamente.

De lo contrario, la ciudadanía tiene derecho a creer que las leyes rigen sólo en el papel sin que las cumplan siquiera los propios gobernantes.