España endurece leyes contra inmigrantes

El gobierno español aprobó hoy la reforma de la ley de extranjería que en principio endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía el periodo de retención de inmigrantes indocumentados.

El texto, que también recoge la extensión de derechos laborales para los extranjeros, pasa ahora a las Cámaras legislativas para su debate y aprobación y no se descarta que en el trámite parlamentario algún artículo pueda modificarse.

"Presentamos una norma con la que queremos pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración", dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal del gabinete. "El proyecto de ley perfecciona el sistema de los flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes".

El gobierno culmina de esta forma una larga negociación con agentes sociales, juristas y asociaciones de inmigrantes iniciada el pasado diciembre, cuando anunció su voluntad de reformar la ley para adaptar la situación de los extranjeros a uno de los mercados laborales más castigados en Europa por la recesión.

En España, el 12% de la población, más de 4,5 millones de personas, son inmigrantes. La tasa del desempleo entre los extranjeros supera el 28% y en el país alcanza el 17,4%, según el Insituto Nacional de Estadística.

Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan al país. De la Vega precisó que el plan responde a la necesidad de mejorar los procesos de repatriación, con mayores garantías legales.

Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

Tras las quejas de algunos grupos defensores de inmigrantes por esta medida, el gobierno introdujo una modificación para autorizar la reagrupación por razones humanitarias a ascendientes menores de 65 años.

Además, la normativa incorpora el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

Por otro lado, se endurecen las sanciones a los empresarios que contraten inmigrantes irregulares, aunque se excluye cualquier multa o persecución policial a personas o asociaciones que acojan indocumentados por motivos humanitarios.

Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo, al menos temporales, a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género.

La idea es que estas personas superen su miedo a denunciar un maltrato por temor a ser expulsadas del país.

"El texto es equilibrado y garantista", aseguró De la Vega. "El objetivo en esta materia ha sido siempre muy claro: inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanía".

La reforma propuesta sería la cuarta para la ley de extranjería, en vigor desde 2000, cuando el fenómeno migratorio comenzó a ser una realidad en España.

AP