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Así justificó el acceso a los correos del Cudim
Esta semana, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe iniciaron la etapa indagatoria sobre presuntas irregularidades en la licitación realizada por el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) para la adquisición de dos tomógrafos de la tecnología PET, que permiten detectar precozmente el cáncer.
Entre el lunes y el martes, la magistrada y el representante del Ministerio Público tomaron declaración a integrantes de la empresa Conatel (que representa Siemens en Uruguay) y a integrantes del equipo de asesores técnicos del Cudim.
En las audiencias, las partes mantuvieron sus posiciones: mientras las autoridades de Conatel insistieron en que fueron perjudicados ya que el Cudim adjudicó la compra a General Electric cuando su oferta era más favorable, los integrantes del Cudim desestimaron esa acusación y remarcaron que la decisión obedeció únicamente a criterios técnicos.
Además, la jueza Gatti interrogó a Elbio Strauch y Pablo Braga, los representantes de Conatel, sobre cómo la empresa tuvo acceso a una serie de correos electrónicos internos del Cudim, los cuales presentó como prueba para fundamentar la existencia de posibles hechos irregulares.
Ante esa consulta, los responsables de la firma indicaron que la copia de los e-mails les fue remitida en forma anónima en un sobre, aunque no pudieron dar mayores detalles en cuanto a quién lo recibió ni la fecha, según supo El País.
Ayer, la jueza Gatti y el fiscal Perciballe tenían previsto continuar con la indagatoria, pero suspendieron las audiencias hasta después de la Feria Judicial Menor del mes próximo.
La denuncia sobre presuntas irregularidades en el proceso licitatorio realizado por el Cudim, fue presentada por el abogado Gustavo Salle, y luego Conatel complementó con la presentación de varios elementos probatorios que, a criterio de la empresa, comprueban las irregularidades.
La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública presentó a la jueza su investigación administrativa en relación a los hechos. Según la secretaría de Estado, el procedimiento seguido por el Cudim se ajustó a la legislación vigente sobre cómo se deben realizar las licitaciones públicas.
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