Veinte hoteles enjuician a la Intendencia de Maldonado

PUNTA DEL ESTE | M. GALLARDO

Fue celebrada ayer la audiencia preliminar del juicio iniciado por 20 hoteles de Punta del Este contra la Intendencia de Maldonado a partir de una tasa cobrada ilegalmente por la administración municipal durante cuatro años.

Fuentes judiciales consultadas por El País explicaron que la parte actora del juicio solicita el reintegro de $ 3.550.179 por el cobro de forma ilegal de la tasa de contralor de higiene ambiental.

El juicio se instruye en el ámbito del juzgado civil de sexto turno de Maldonado a partir de la demanda presentada por los establecimientos -asociados al Centro de Hoteles de Punta del Este- que previamente habían obtenido de la Suprema Corte de Justicia un fallo de inconstitucionalidad de los artículos 22º y 23º del decreto departamental Nº 3.600.

Los referidos artículos regulaban la base de cálculo de la tasa de contralor de higiene ambiental y fueron anulados por un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Esto habilitó a los hoteles a exigir, por la vía judicial, el reintegro de los dineros que aportaron por este tributo en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

Fuentes judiciales consultadas por El País explicaron que el fallo que acogió la inconstitucionalidad del cobro de la tasa "es declarativo" y "no constitutivo" por lo que sus efectos son retroactivos.

Esto habilita la exigencia del reembolso de lo abonado a las arcas municipales por un tributo declarado inconstitucional por el Poder Judicial.

"La doctrina y la más reciente jurisprudencia concuerdan en este aspecto. Por lo tanto, el pago de tributos inconstitucionales puede entonces ser repetido debido a la naturaleza declarativa de la sentencia de inconstitucionalidad con el único límite temporal de la caducidad de las reclamaciones contra el Estado", señalaron las fuentes consultadas.

A partir de la audiencia preliminar celebrada ayer se espera que el juicio se convierta en un mero trámite que al finalizar obligará a la administración municipal a devolver los tributos cobrados de forma ilegal.

El fallo de inconstitucionalidad fue resuelto el año pasado por la Suprema Corte de Justicia. Obligó a la administración municipal del intendente Oscar de los Santos a modificar los artículos del presupuesto declarados de forma ilegal por la máxima autoridad judicial.

Se espera una sentencia en primera instancia del juez Alejandro Martínez a fines del año en curso o en febrero del 2010.

El fallo puede ser apelado por cualquiera de las partes ante un tribunal de apelaciones en lo civil.