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El presidente Tabaré Vázquez firmó ayer un decreto que establece medidas de seguridad para jueces, fiscales y policías dedicados a la investigación del narcotráfico.
Si bien se anunció que se trata de una medida preventiva, El País supo que, al menos este año, se inició una investigación por amenazas a un efectivo que revista en la Brigada Antidrogas de la Policía.
La intención del gobierno es preservar la identidad de las personas afectadas a la lucha contra el crimen organizado, incluida la posibilidad de su cambio de domicilio, e incluso que puedan ser alcanzadas por el régimen de protección de testigos.
También se pretende que los medios de comunicación no emitan imágenes de los funcionarios judiciales y policiales que intervienen en la lucha contra el narcotráfico.
"Queremos darle a la gente que está involucrada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado -y me incluyo- ciertas garantías de que no va a correr riesgos innecesarios, más de los que ya conocemos", dijo el secretario general de la Junta Antidrogas, Milton Romani.
En los últimos operativos policiales se han desbaratado varias rutas de envío de drogas a Europa que han afectado los negocios de poderosas organizaciones delictivas internacionales.
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