Narcoamenazas: disponen medidas de seguridad para jueces y policías

El Poder Ejecutivo dispuso varias medidas que apuntan a mejorar la seguridad de los jueces, fiscales y policías que intervienen en casos de narcotráfico. En el último tiempo, se detectaron amenazas de grupos de narcos del exterior.

El decreto, firmado ayer por el presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros realizado en la Residencia de Suárez y Reyes, apunta a que "quienes están en la lucha contra el crimen organizado, tengan mecanismos para resguardar su seguridad personal", señaló a El País el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) Milton Romani.

Básicamente, las nuevas disposiciones prevén que en los casos donde exista una amenaza, la persona involucrada -ya sea juez, fiscal, funcionario judicial o personal de la Brigada Antidrogas de la Secretaría Antilavado de Activos- pueda preservar su identidad.

En ese sentido, Romani explicó que se pretende que los medios de comunicación no difundan información ni imágenes que permitan identificar a los investigadores ni a los funcionarios de los juzgados o las fiscalías.

Incluso, se prevé que en caso de que exista una amenaza concreta, el involucrado, con la asistencia del gobierno, pueda cambiar su domicilio junto con su familia. Además, se pretende que ninguno de los actores que puedan ser objeto de atentados o actos intimidatorios figure en la guía telefónica, dijo Romani.

La nueva reglamentación dispuesta por el Poder Ejecutivo complementa una disposición contenida en la Rendición de Cuentas de 2008 que estableció que todos los actores vinculados a la lucha contra el narcotráfico, están incluidos en el régimen de protección de testigos vigente por ley desde el año 1995.

"Queremos darle a la gente que está metida en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado -y me incluyo- ciertas garantías de que no van a correr riesgos innecesarios, más allá de los que ya conocemos", manifestó el secretario general de la JND. "En la medida que se está incrementado la lucha contra los grupos organizados, hay que empezar a tomar medidas que tienen que ver con la preservación y la seguridad de los agentes involucrados en estos casos", añadió el jerarca.

Por otro lado, Romani destacó que desde principios de este año están operativos los juzgados sobre crimen organizado y lavado de activos a cargo de los jueces Graciela Gatti y Jorge Díaz, que tienen jurisdicción en estos casos junto con las fiscalías a cargo de Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe, lo que permite coordinar tanto las investigaciones como las posibles medidas en materia de seguridad que puedan ser necesarias.

CASOS. Ayer, durante el Consejo de Ministros, el presidente Vázquez destacó la importancia de mejorar los sistemas de protección de los actores judiciales y policiales que intervienen en casos de narcotráfico.

Al respecto, fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por El País, admitieron que la decisión se tomó ante la existencia de amenazas. En cambio, Romani negó esa situación, y dijo que se trata de una medida de carácter "preventivo".

Sin embargo, una alta fuente del Ministerio del Interior, confirmó a El País la existencia de actos intimidatorios contra investigadores de la Brigada Antidrogas, dependencia policial que interviene en todos los casos de narcotráfico.

Según se indicó, en lo que va de 2009 se registró al menos una amenaza a un policía de la Brigada, episodio que todavía está siendo investigado junto a otros casos que tuvieron lugar el año pasado. En tal sentido, el informante precisó que existe la firme convicción de que los responsables de esos hechos son integrantes de organizaciones internacionales de narcotraficantes considerados como "gente pesada".

La fuente agregó que la reacción de los grupos delictivos se debe a que en el último tiempo, operativos de la repartición permitieron desbaratar varias rutas de envío de droga hacia Europa, lo cual reportaba millonaria sumas de dinero a las organizaciones.

En tanto, fuentes del Poder Judicial vinculadas a las operaciones antidrogas, dijeron que es importante que se reglamente un sistema de seguridad para todos los operadores porque "han pasado cosas jodidas", aunque prefirieron no ahondar en detalles.

"Es claro que nuestra vida no es el tipo de vida que lleva una persona común, aunque intentamos que así lo sea", dijo por su parte, un investigador que habitualmente participa en importantes operativos de droga administrada por organizaciones internacionales que operan en Uruguay.

Sistema integrado

El gobierno se apresta a implementar un Plan Integrado de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos que busca concentrar todas las tareas de investigación bajo la coordinación del director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche. Según explicó a El País el secretario general de la Junta de Drogas, Milton Romani, la intención es "tener un plan ordenado con el objetivo de que nadie ande por su lado".