Un grave riesgo

No es ocioso insistir -más allá de las observaciones puntuales que se le han formulado- sobre el discutible proyecto de ley tendiente a regular las negociaciones colectivas, destacando lo que debe considerarse como el mayor riesgo que puede provocar a través de su incidencia negativa en las inversiones. En ese sentido, llama la atención que dentro del gobierno y en los sectores allegados al oficialismo, no existan personas con el suficiente sentido común como para reconocer lo que significa llevar adelante contra viento y marea, una polémica iniciativa que incluye dentro de sí, más perjuicios que beneficios para aquellos a los cuales se pretende amparar.

Si el propósito es, como parece, defender la clase obrera, olvidan que en un Estado de Derecho el trabajador está defendido por la Constitución, por la ley y por una justicia independiente y no necesita que el gobierno de turno incline el fiel de la balanza, alterando la bilateralidad con que deben manejarse estas relaciones, creando un Consejo Tripartito de 21 miembros, dentro de los cuales corresponden 9 al Poder Ejecutivo, 6 a los trabajadores y 6 a los empresarios.

Desconocer ese principio, que ya está reconocido en los Convenios de la OIT ratificados por nuestro país, lleva aparejado el tremendo riesgo de correr a los inversores, lo que no puede permitirse en un mundo competitivo como el de hoy, donde la inversión extranjera es el motor de las economías. El propósito de colocar al gobierno como elemento dominante en el campo de las negociaciones, va a alertar a los posibles interesados en traer sus capitales al país y aún a aquellos que ya lo colocaron, preocupados, naturalmente, por la desnivelada posición que se les adjudica en el futuro. Y esa es, sin duda, la más riesgosa consecuencia que se desprende de un proyecto que se quiere aprobar este año -lo que hace presumir que el Frente Amplio duda que se vaya a mantener en los años por venir-, donde los más perjudicados serán los propios trabajadores y el país mismo, ante la falta de un apoyo que se torna cada vez más necesario para no afectar el salario ni los niveles de empleo.

La crisis global no ha matado ni al capitalismo ni a todos los capitales, sino que muchos todavía se mantienen, o pueden levantarse buscando puertos seguros y el hecho de que haya trascendido la existencia de este proyecto en el Uruguay, no sirve precisamente para cautivarlos. Sería además tirar por la borda todo lo que se ha invertido en viajes y misiones al exterior, que se hicieron, no sólo para colocar productos nacionales sino también para atraer capitales, vendiendo una imagen del país que no incluía esta característica que ahora se pretende agregar.

No debe ser ajeno a este temor, el anuncio según el cual en el primer trimestre del año la inversión privada tuvo una caída del 0,1%, que puede considerarse leve sólo si no se tiene en cuenta que en ese período comenzó a tomar estado público el contenido del proyecto. Habrá que aguardar lo que ocurre con esos indicadores en el segundo semestre para confirmar lo que parece un riesgo indiscutible. Por otra parte, si llegara a concretarse, se pondría en marcha con el rechazo de una de las partes, que la critica duramente, por lo que es elemental que, más que insistir en su propósito, lo que el Poder Ejecutivo debe procurar es limar las asperezas y actuando como gran mediador, acercar los actores por sobre sus discrepancias, para que el proyecto progrese, eventualmente, gozando de buena salud y no estigmatizado por uno de los sectores llamado a impulsarlo. De todo lo que se ha dicho, lo más importante sigue siendo pues, ese aviso que se ha lanzado a todos los vientos sobre las tres patas de una mesa para resolver en el futuro: el gobierno se coloca más que en un pie de igualdad entre la empresa y los obreros, en una posición superior que puede en todo momento incidir en las votaciones, desconociendo el principio de gravedad que, pese a todo, les permite mantenerse sólo sobre dos soportes, para lograr con independencia el objetivo común.

La orden impartida a los Embajadores de nuestro país en el sentido de recabar datos y estimular empresas extranjeras que puedan radicarse en el Uruguay va a ser muy difícil de aplicar y explicar, sobre todo teniendo en cuenta este proyecto y la mentalidad de unos destinatarios a quienes costará entender que entrarán a su propia empresa perdiendo por un score nada alentador de 15 a 6. Es histórico.