Misterio en torno a la muerte de otro profesional

La muerte de otro profesional, en este caso un contador, no está exenta de misterio. Se trata de Eduardo Gómez Canon (55), cuyo cuerpo fue encontrado en la playa Brava de Punta del Este el sábado 6 de junio.

Las investigaciones primarias determinaron que la hipótesis de muerte más probable fue la de suicidio. El forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Presentaba signos de haber permanecido flotando en las aguas desde hacía al menos tres días al momento de su hallazgo.

En los alrededores no se hallaron huellas de pisadas o de vehículos, por lo que se especuló con la posibilidad de que el cadáver fuera arrastrado hasta allí por las corrientes marinas. Incluso se estimó que pudo haberse arrojado a la altura del balneario Shangrilá, extremo que no fue confirmado.

Vestía tan solo un pantalón y no presentaba otros signos en el cuerpo que los típicos de la descomposición en el mar y la acción de depredadores de la fauna marítima.

Gómez Canon había alcanzado cierta notoriedad debido a denuncias que efectuó contra integrantes del gobierno. De todos modos, su actitud confrontativa le había granjeado numerosas enemistades.

El contador había sido expulsado de un juzgado, al que acudió para presentar una denuncia, por vestir en forma inapropiada. Finalmente, logró presentar la demanda.

Poco antes de su deceso, durante una entrevista concedida a una radio fernandina, Gómez Canon había asegurado que poseía mucha información comprometedora. Allegados señalaron que últimamente vivía solo y se había vuelto obsesivo con las denuncias.

De testigo a denunciado

Eduardo Gómez Canon había concurrido como testigo a declarar ante el juez Sergio Torres, que investiga una denuncia por presuntas irregularidades en el Fondo Bolívar Artigas, gestionado entre Uruguay y Venezuela. La denuncia fue presentada por el diputado colorado Washington Abdala. Posteriormente, varios empresarios denunciaron a su vez a Gómez Canon por amenazas e intento de extorsión. Los denunciantes aseguraban que les había exigido 4 millones de dólares por no declarar.