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Viernes 19.06.2009, 04:10 hs l Montevideo, Uruguay
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Editorial


[EDITORIAL]

¡Cuidado con esto!

Este gobierno se va, y todo hace pensar que con él se va el Frente Amplio. Entonces pica la urgencia por conquistar votos, y eventualmente por irse quedando bien con su gente y dejando su sello. A eso responde el proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo que, sorpresivamente, ahora se quiere sancionar a tambor batiente. "Teníamos que adelantar, nos quedan tres meses", contestó la diputada emepepista Ivonne Passada a un dirigente empresarial que le preguntó el porqué del apuro. "Nadie puede pretender votar una ley porque se va dentro de tres meses. Habría que seguir discutiendo" fue el comentario que recibió la urgida legisladora. Y si habrá que seguir hablando…

"Si se quiere instalar preceptivamente la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas -cosa que sospechan los empresarios que se está tratando de hacer- el camino correcto sería una discusión pública muy amplia y no una resolución a la sordina, mediante la inclusión de un texto ambiguo en esta ley", dice Ulises Graceras en "Crónicas" del 12 de junio. Tiene razón. Y más razón todavía cuando agrega: "La cuestión se agrava, porque además el Frente está hablando de promover una reforma constitucional cuyos objetivos no han sido aclarados", para rematar preguntándose "¿Se está pensando en alterar la tradición liberal del Uruguay, limitando el derecho de propiedad con una visión socialista de los medios de producción?". Y a esa pregunta le contestamos que sí, que a nuestro entender es así, que no nos cabe la menor duda.

El proyecto está orientado hacia una dirección maligna, aquella en la cual el Estado, a través del gobierno de turno, se aseguraría el pleno contralor de las condiciones de trabajo. Este propósito omite tener en cuenta que los convenios de OIT de fuerza obligatoria para el país, establecen que, por definición, la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria, y la intervención estatal afecta esa condición y lesiona el derecho de propiedad. Volviendo a Graceras, éste sostuvo que "desde los inicios del pensamiento liberal, que es la reivindicación de los derechos del ciudadano frente a la hegemonía del poder estatal absoluto, el derecho de propiedad ha estado indisolublemente ligado al concepto de libertad individual. Es decir, que integra la concepción básica de la democracia republicana que recoge nuestra Constitución nacional. Los empresarios ven con preocupación que la ley a estudio del parlamento sobre relaciones de trabajo incursiona peligrosamente en este dominio".

En lo medular, este proyecto crea el Consejo Superior de Salarios de integración tripartita, con nueve miembros designados por el gobierno, seis por los empresarios y seis por los trabajadores. Hoy los Consejos de Salarios pueden ser convocados -o no- por el gobierno. Si el proyecto prospera, su instalación será permanente y obligatoria. El Consejo Superior, tendría las facultades no ya únicamente de fijar los salarios sino de decidir la clasificación de los grupos de negociación tripartita, pudiendo hacerlo por rama de actividad y negociar hasta por cadenas productivas, desde el cultivo hasta la industrialización, distribución y publicidad de un producto, por ejemplo. Y podrá "definir las condiciones de trabajo" (concepto ambiguo si los hay) "de todos los trabajadores de la actividad privada".

También, como lo expresara el Asesor de la Cámara de Industrias Gonzalo Irrazábal, en lo que más importa, como la obligación de acordar cláusulas de paz laboral, la regulación de la huelga, la responsabilidad por la violación del derecho de reserva en el intercambio de información y el derecho de los empleadores, el proyecto no dice una palabra. El apéndice gremial del Frente Amplio apoya incondicionalmente esta barbaridad. Tendrán que aprender que la letra con sangre entra cuando potenciales inversores se den cuenta que las empresas en que piensan no serán más suyas, sino del Estado y de los Sindicatos.

Es que no se trata solo de un atentado contra el derecho de propiedad. Lo es también contra el derecho al trabajo, pues por este camino precisamente transitaron los gobiernos de la Unión Soviética y sus satélites. Aquí en cambio la decisión tomada es la de no mirar hacia lo que pasó y pasa en el mundo al que, bien miradas las cosas, no tenemos por qué integrar.

Al fin de cuentas la verdad histórica enseña que donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo.

El País Digital

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