Romani: es "impensable" que Yern salga en libertad

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani considera "impensable" que los empresarios futbolísticos Edward Yern y José Luis Sumasi -que fueron procesados con prisión en mayo del año pasado por financiar una organización de narcotraficantes- sean excarcelados.

En los últimos días, las defensas de Yern y Sumasi pidieron su libertad provisional. El fiscal Eduardo Fernández Dovat accedió a la solicitud, y presentó un dictamen en ese sentido ante el juez del caso, Eduardo Pereyra, quien prevé resolver la próxima semana.

Ante ello, Romani señaló a El País que existe un claro "criterio político" de parte del gobierno en luchar contra el narcotráfico. En tal sentido, recordó que en 2008, por la acción de las investigaciones policiales, 689 personas fueron enviadas a prisión por actividades vinculadas al tráfico y venta de drogas, destacó el funcionario.

"No pueden haber actores que sean intocables, porque si eso no es así, estamos fritos", afirmó Romani. "Son tan responsables del fenómeno del narcotráfico los lavadores y los financiadores como quien vende pasta base en cualquier esquina", agregó.

Por su parte, al ser consultado ayer respecto a la posible excarcelación de Yern y Sumasi, el presidente de la Junta de Drogas y prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, respondió a la prensa: "Si el que vende pasta base en una esquina está preso tres años, el que trafica debe tener una pena mayor, y quien financia debe tener una consideración especial por parte de la Justicia, en el sentido de ser severos con ese hecho".

EL CASO. Yern y Sumasi fueron enviados a prisión en mayo de 2008 en el marco de la "Operación Cancerbero", que en ese momento estaba a cargo del juez penal Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, quienes actualmente se desempeñaban en sedes especializadas en crimen organizado.

En base a escuchas telefónicas, se comprobó que ambos empresarios habían aportado sumas de dinero para adquirir un cargamento de 319 kilos de cocaína, que se preveía distribuir en Uruguay.

Por este caso fueron enviadas a prisión otras 11 personas.