Estudian redireccionar fondos para paliar efectos de la crisis

FABIÁN TISCORNIA

El gobierno analiza tomar nuevas medidas para hacer frente a la crisis, pero sin generar mayor costo fiscal. La idea es utilizar fondos que se previeron en otras medidas a las que los privados no han echado mano.

De esa manera, "reenfocando" los fondos, se podrían generar nuevos paliativos para sectores afectados o complicados por la crisis internacional.

En una entrevista con El País -antes de conocerse los datos del Producto Interno Bruto (PIB)- el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García dijo que "si hay algunas medidas que pudieron no haber tenido el impacto o la necesidad (de utilizarse) que se preveía al inicio, no descartamos que puedan ser reenfocadas en otro sentido siendo que cuesten lo mismo, por decirlo de alguna manera".

El ministro señaló que aún no se hizo una evaluación por parte del gobierno acerca de qué medidas "han sido usadas y cuáles no", del paquete que se anunció el 3 de diciembre pasado y del segundo paquete del 16 de marzo. "Quizás sea bueno" hacer una evaluación y "sentarnos a dialogar con el sector privado", expresó.

La posibilidad de "reenfocar" las medidas toma fuerza en la medida que el PIB cayó 2,9% en el primer trimestre frente al previo. Eso fue mayor a lo que preveía el equipo económico que estima estabilidad en el Producto del segundo trimestre respecto al primero y una recuperación a partir del tercer y cuarto.

Con un déficit de 1,6% del PIB a abril, es nulo el espacio fiscal genuino que tiene el gobierno para tomar otro tipo de medidas. Por eso la idea es disponer para nuevas acciones "ese espacio fiscal que puede haber en el caso de que no se hayan utilizado", afirmó García.

El paquete adoptado en diciembre tenía un costo previsto de unos US$ 20 millones. Pero eso iba a depender del uso que tuvieran las mismas.

El subsecretario de Economía, Andrés Masoller, había dicho a El País que el costo es "muy difícil" de calcular "porque depende de cuántas empresas realmente van a usar los beneficios que se proponen". A ese paquete hay que sumarle los costos del segundo tomado en mayo.

El financiamiento de las medidas surge del ahorro de 5% en los gastos operativos del sector público.

Masoller había estimado que ese ahorro podía llegar a los US$ 85 millones anuales, de los cuales US$ 20 millones se destinaron en el primer paquete, otros US$ 10 millones a un paquete fiscal antiinflacionario y US$ 13 millones a las medidas para enfrentar la sequía. A eso debe sumarse el costo del segundo paquete de medidas anticrisis no estimado.

García ejemplificó que una de las medidas en las que el gobierno tenía "muchas expectativas" era la posibilidad para los exportadores de canjear por efectivo los certificados de devolución de impuestos con vencimiento al 31 de diciembre de este año. Sin embargo no ha sido usada masivamente, admitió el ministro, lo que "de alguna manera nos ha sorprendido un poco", agregó.

Es que de unos US$ 50 millones que estimó el Banco República (BROU) que podrían darse de liquidez para los exportadores mediante el mecanismo, se utilizó menos del 5%.

El gerente de Negocios con el exterior del BROU, Raúl García, dijo a El País que desde mediados de marzo (en que está operativa la medida) hasta mediados de junio, se han realizado 255 operaciones por unos US$ 2,7 millones. Un promedio de US$ 900.000 por mes.

El ministro de Economía señaló que "quizás tengamos alguna instancia de intercambio con el sector privado de evaluación de las medidas. Algunas más puntuales se hacen en el ámbito del Gabinete Productivo, pero de éstas -anunciadas en diciembre- no hemos tenido evaluación del impacto".

En Economía relativizan las quejas de los empresarios

Consultado respecto a las quejas de las cámaras empresariales por considerar insuficientes las medidas tomadas por el gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, respondió que "el tema de la queja uno lo asume relativamente".

Indicó que algunas medidas como la posibilidad de descontar IVA en las compras de gasoil para las industrias, "la planteó la misma Cámara de Industrias".

El presidente de esa gremial ha sido de los más críticos en cuanto al accionar del gobierno para enfrentar la crisis global.

Otro de los principales reclamos de las gremiales cuyos integrantes enfrentan las mayores dificultades es la oportunidad en la que las acciones se llevan a cabo.

Concretamente, para el sector textil podría aprobarse una postergación del pago de los aportes patronales que podría aprobarse a mediados del mes que viene.

Sobre el tema los empresarios del sector sostienen que si ya se decidió aplicarlo debe ser lo más rápido posible.

García explicó que "asume relativamente" las quejas de los empresarios "porque la visión que nos corresponde tener desde aquí, es la del interés general, la visión macro, y la visión que honestamente tienen las cámaras empresariales, es la visión corporativa de cada una de ellas".

Expresó que "la misión o la sabiduría de quien gobierna es tratar de no perder el buque del interés nacional por sobre los intereses corporativos".

Junto con eso se debe "ir matizando las medidas de mediano y largo plazo con las de corto plazo, que en este tiempo hemos tenido y muchísimo: por la crisis internacional, por la sequía, por el propio efecto de la inflación", aseguró.

"El diálogo siempre está abierto y la posibilidad de discutir la efectividad de las medidas está planteado", agregó.

Principales acciones anunciadas

Promoción de industria automotriz, electrónica y naval con la aprobación de un régimen fiscal especial para esos sectores.

Considerar por 120% el gasto en inversión para la exoneración de IRAE.

Canje por efectivo de los certificados de devolución de impuestos.

Flexibilización del régimen de admisión temporaria.

Extensión del régimen especial de prefinanciación de exportaciones a más sectores.

Línea de crédito de US$ 200 millones del BROU para financiar proyectos de inversión.

Fondo de Garantía de riesgo en el BROU para exportaciones a países emergentes por US$ 20 millones.

Creación del sistema nacional de garantías para facilitar el crédito a las Mipymes.

Bonificación a buenos pagadores en el BPS.

Deducción del IVA en las compras de gasoil del sector industrial en general por un plazo de 90 días.

Reglamentación de las deducciones incrementadas para el pago del IRAE prevista en la ley de reforma tributaria.

20 Son los millones de dólares que el gobierno calculó que costaría el paquete.