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PABLO DA SILVEIRA
La enseñanza uruguaya enfrenta problemas cada vez más graves, y los sucesivos intentos de mejora no consiguen frenar el deterioro. Las propuestas de cambio terminan empantanadas en grandes conflictos, o bien son revertidas en cuanto varían los equilibrios políticos.
Al analizar las causas del bloqueo, dos datos surgen con fuerza. El primero es que nuestros esfuerzos de mejora suelen ser demasiado ambiciosos. Intentamos cambiar de una vez todo el funcionamiento del sistema, lo que genera de inmediato grandes coaliciones negativas (es decir, coaliciones que no se forman a favor sino en contra de algo). Si uno se propone implantar la enseñanza por áreas en todos los liceos, seguramente va levantar más oposición que si mantiene las asignaturas en algunos sitios, al tiempo que ensaya el nuevo método en otros.
El segundo dato es que intentamos decidir sin haber tenido la oportunidad de ensayar las propuestas. Nuestro sistema educativo es extremadamente homogéneo. Somos además un país centralizado, de modo que no tenemos la posibilidad de hacer experiencias a escala regional, como ocurre en Brasil o en Argentina. El resultado es que nuestro debate siempre es especulativo. Nos embarcamos en discusiones acerca de lo que pasaría si hiciéramos tal o cual cosa, pero el efecto demostración no juega casi ningún papel en nuestras reflexiones. En esas condiciones es muy fácil alimentar fantasmas.
Si este diagnóstico es correcto, todo intento de desbloquear la situación debe partir de dos supuestos. En primer lugar, debemos renunciar a transformar de inmediato todo el sistema educativo. Ese debe ser el punto de llegada, no el punto de partida. En segundo lugar, tenemos que darnos la oportunidad de ensayar antes de decidir. Sólo a partir de conclusiones fundadas en la experiencia podremos construir acuerdos que aspiren a durar. Tenemos que darnos tiempo para experimentar.
¿Cómo lograr algo semejante? Una fórmula sería un acuerdo multipartidario que abriera un período de siete años de experimentación pedagógica. Mediante ese acuerdo, los partidos se comprometerían a asegurar la coexistencia de varias propuestas de pequeña y mediana escala que serían permanentemente monitoreadas. Esas experiencias se realizarían en un conjunto predeterminado de escuelas y liceos. Las autoridades de Anep que sean elegidas con venia del Senado deberían comprometerse públicamente a ser ejecutoras de ese pacto.
¿Por qué siete años, en lugar de cinco o diez? En primer lugar, porque es un tiempo razonable para que una propuesta se afiance y empiece a mostrar sus frutos. De este modo superaríamos uno de nuestros errores recurrentes, que consiste en cambiar todo cada pocos años sin llegar a evaluar lo que se hizo.
En segundo lugar, un lapso de siete años no coincide con ningún período de gobierno. De este modo, quienes participen del acuerdo no sabrán quién estará al mando cuando llegue la hora de decidir qué experiencias merecen ser generalizadas. Lo que sí sabrán todos es que, cuando un futuro gobierno impulse cambios globales a partir de la experiencia acumulada, no podrá presentar los avances como un mérito propio sino como un logro de todo el sistema político. Así se procesan los cambios en muchos países que enfrentan situaciones críticas.
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