Junta aprobó la adjudicación del Hotel Carrasco

A.LR.

Con 24 votos en 29, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer la adjudicación del Hotel Casino Carrasco al grupo Codere- Sofitel. Los 20 ediles del Frente Amplio votaron a favor, en tanto la oposición se pronunció dividida.

Los tres ediles del Partido Nacional, Álvaro Viviano, Daniel Graffigna y Fernando Ripoll, votaron en contra. En el Partido Colorado, Guillermo Facello, Aníbal Gloodtdofsky, Glenda Rondán y Cristina Ferro votaron a favor. Ésta última (representante del Foro Batllista) lo hizo pese a tener discrepancias y dudas sobre las irregularidades denunciadas durante el proceso. Fuentes políticas dijeron a El País que actuó siguiendo la línea de pensamiento y acción de su líder de sector, Óscar Magurno. En resumen, la mayoría de la oposición (5 en 9), votó en contra.

En el Partido Colorado, se opusieron los ediles Gustavo Osta y Fitzgerald Cantero.

Estos ediles (junto a otros dos que no ingresaron a sala) manifestaron su rechazo al tratamiento "rápido" del tema que promovió la bancada oficialista (sobre todo el MPP, sector del intendente Ricardo Ehrlich), aún cuando se trata de "un proceso que mueve millones de dólares y que va a comprometer no sólo a esta administración, sino a otros seis gobiernos durante la concesión".

Por otra parte, se votó por unanimidad una "comisión de seguimiento" de la concesión.

La licitación no se encontraba en el orden del día, pero la bancada del Frente Amplio solicitó incluirlo en la sesión plenaria como "grave y urgente".

TRÁMITE. El expediente pasará ahora al Tribunal de Cuentas, que se pronunciará con un dictamen no vinculante.

En caso que la Intendencia otorgue la concesión, Codere tendrá cuatro meses para presentar el proyecto definitivo. La administración, en tanto, podrá tomarse 30 días para estudiarlo y un mes más para otorgar el permiso de construcción.

El plazo de ejecución de la obra deberá ser de 20 meses.

Pensaron en demanda por US$ 200.000.000

Fuentes de la Junta Departamental informaron a El País que los representantes del grupo Liberman (el segundo mejor puntuado durante el llamado) manejaron la posibilidad de demandar a la Intendencia por US$ 200 millones. Ya en enero, el consorcio ganador comenzó los trabajos para contratar empresas, técnicos y personal, en Uruguay y en el extranjero.