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MARTÍN AGUIRRE REGULES

En una medida que tuvo gran repercusión en Estados Unidos, el presidente Barack Obama nominó días atrás a la primer mujer de origen latino que puede llegar a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia de aquel país. La historia de la jueza Sonia Sotomayor resulta interesante desde la perspectiva uruguaya, ya que permite comparar los resultados de dos sistemas educativos bien diferentes, que supieron de éxitos similares, pero que hoy están a años luz de distancia.

Sotomayor nació en la zona más pobre del Bronx de Nueva York. Hija de un obrero portorriqueño que no hablaba inglés y de una enfermera, se crió en un complejo de viviendas de ayuda estatal. Al hecho de haber sido diagnosticada con diabetes de pequeña, a los 8 años sumó la muerte de su padre. Pese a todas estas desventajas, y gracias al esfuerzo de su madre que la empujó a estudiar y, según se dice, le compró la Enciclopedia Británica (gasto poco frecuente en el Bronx), la joven logró ir superando etapas. Consiguió una beca para la exclusiva Universidad de Princeton, desde allí por sus resultados académicos pasó a la escuela de leyes de Yale, y luego inició su carrera judicial.

Por encima de la historia de éxito personal de Sotomayor, sus vivencias hacen pensar si una carrera así, partiendo de lo más desfavorecido de la escala social para llegar a uno de los puestos más elevados, sería posible en Uruguay. En teoría sí, ¿pero en la práctica? Mi experiencia personal pasando por las aulas de la Universidad de la República, no hace tantos años, me hace creer que muy pocas.

Es difícil hacer la "traducción" de cuál sería el barrio de Uruguay asimilable al Sur del Bronx, pero estaríamos hablando de alguno de los más inhóspitos cantegriles del suburbio Montevideano. Es seguro que son pocos los estudiantes surgidos de ese entorno que llegan a la Universidad en Uruguay. Yo al menos, en mis años de estudio, no conocí a ninguno.

Y es entendible. Carreras como abogacía o ingeniería, que llevan no menos de 7 años, implican que un estudiante debe permanecer casi sin generar ingresos hasta los 25 años. A lo que hay que sumar los costos de materiales y vida personal. ¿Cuántas familias humildes están en condiciones de soportar ese gasto? En los censos sobre población universitaria, es difícil hallar datos sobre el nivel económico de los estudiantes, pero sí se puede saber que más de la mitad tiene que trabajar, y de ellos, casi un 80% lo hace en cosas que tienen poca o nula relación con su carrera. Con esos números, a nadie le puede sorprender las altísimas tasas de deserción universitaria.

Parece claro que el sistema público terciario nacional no está cumpliendo el rol de integración social y promoción de la igualdad que supo satisfacer durante años. Tal vez nuestra dirigencia política no lo tiene del todo claro, porque por su elevada edad promedio, son miembros de las últimas generaciones donde la Universidad fue exitosa en esa materia. Pero eso es historia.

Es evidente que el sistema estadounidense tiene sus lados oscuros también, y cada país debe buscar su propia "fórmula". Pero es igual de evidente que el nuestro necesita reformas urgentes, que dejen atrás preconceptos, que asuman que la prioridad de una universidad deben ser los estudiantes y no los funcionarios. Y, sobre todo, que sean efectivas para superar las desigualdades de la sociedad, a la vez que le aporten a ésta los profesionales preparados que el país necesita para triunfar en el mundo hipercompetitivo de hoy. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato?