Decisiones de escritorio

Juan MartÍn Posadas

Las izquierdas en general y el Frente Amplio en particular manejan una serie de postulados a priori. Algunos de ellos refieren a la tierra, fundamento de la riqueza un par de siglos atrás. En nuestro país han adquirido dos formulaciones predilectas: la primera es que la tierra sólo puede ser propiedad de personas físicas, nunca de personas jurídicas. La segunda es que en la frontera la tierra debe ser propiedad de los uruguayos y no debe permitirse que pertenezca a extranjeros.

Respecto a esto último la semana pasada la prensa informó la decisión del gobierno de tramitar, de apuro y antes de que concluya su período, una ley para prohibir a los extranjeros ser propietarios de tierras en la frontera. Esta iniciativa ya había tenido sus idas y venidas pero ahora ha sido presentada al Parlamento con indicación de pronto despacho.

Los fundamentos sustentadores de esta iniciativa proveniente del Ministerio de Ganadería y Agricultura han ido variando. En un primer momento se habló de un motivo de prevención sanitaria. O bien se creyó que los gérmenes y microbios transitan con más libertad por una tierra que está en manos de extranjeros o bien que la nacionalidad viene intrínsecamente vinculada con una preocupación sanitaria o la falta de ella.

Después se cambió el argumento y, en este nuevo empuje, se dice que el proyecto tiene como fundamento el combate al contrabando. Esta fundamentación es más frágil que la anterior. Quienes hemos vivido cerca de la frontera sabemos que el uruguayo contrabandea todo lo que puede. Pensar que el flujo disminuiría asegurando que en la frontera todos los propietarios fueran uruguayos demuestra, una vez más, que el equipo que regentea ese Ministerio tan importante está en la luna y tiene allí domicilio constituido. En la elección pasada el Frente Amplio despertó inusuales simpatías en la gente de campo y en alguno de sus dirigentes gremiales. Poca cosa ha quedado de eso (salvo algún carguito en INAC o Colonización).

Pero hay otro aspecto criticable en este proyecto ahora resucitado. Antes se establecía una franja de 50 kilómetros para la exclusión de extranjeros; ahora el proyecto no menciona distancia alguna y se nos dice que ese detalle quedará para la reglamentación de la ley. Pernicioso procedimiento parlamentario que confiere al órgano legislativo la decisión sobre generalidades y deja las obligaciones (o prohibiciones) concretas libradas a la reglamentación que, como se sabe, no es hecha por los diputados y senadores que votaron la ley sino por la burocracia del Ministerio.

Hace años que De Soto, en su libro "El Otro Sendero" analizó ese perverso sistema. Los pueblos -dice este peruano- creen que las leyes y normas que rigen sus vidas provienen de la decisión de sus representantes sentados en los Parlamentos. No es así. Lo que regula la vida cotidiana de los ciudadanos son miles y miles de decretos, disposiciones administrativas, circulares del Banco Central, ordenanzas municipales, reglamentos de entes autónomos y otras yerbas, que se generan día a día en los despachos de funcionarios que no han sido elegidos por nadie, que no rinden cuentas a nadie y que nadie puede echar porque son inamovibles.

Las políticas nacidas de pre conceptos y elaboradas desde el escritorio generan decisiones prêt aporter, de confección dudosa y de comprobada mala calidad. La que comentamos es una de ese tipo. El ciudadano se está dando cuenta y comienza a fastidiarse.