Embestida letal

En el mundo hay cerca de 200 países, que de una manera u otra, buscan atraer al capital para su desarrollo y el bienestar de la población. La confianza en la seriedad de las instituciones y los miembros de un gobierno, un marco legal justo y adecuado y la seguridad jurídica imperante en un país, bien combinados, son los factores que determinan si una persona o una empresa, nacional o extranjera, deciden apostar por un país y radicar allí sus inversiones. El que nos interesa -obvio- es Uruguay: ¿reunimos condiciones y certidumbres que atraigan? ¿El marco legal es el adecuado?

Seamos sinceros, los inversores buscan rentabilidad -lo que parece justo dado el panorama de ofertas-, no problemas. La inversión es factor fundamental de desarrollo, crea fuentes de trabajo y contribuye en gran manera a que una sociedad viva mejor. Se trata de invitarla y no de correrla.

No vamos a ingresar en el análisis del marco que regula las inversiones, los incentivos a su radicación. Sino, una vez instaladas, cuáles serán las condiciones del diario vivir y si aquel paraíso inicial en base al cual llegaron hasta estas costas, no se transforma en un infierno, cuando de poner en funcionamiento las cosas se trata.

El Parlamento se encuentra abocado a estudiar y aprobar reglas sobre negociación colectiva y convenios colectivos (el sábado pasado, el Esc. Aníbal Durán Hontou escribió una fundamentada columna sobre el tema). El proyecto es incompleto, tendencioso y peligroso. Tiene la bendición del Pit-Cnt pero la oposición de las principales cámaras empresariales. Como quien dice, falta una pata en una mesa de tres patas.

Es la embestida final de una administración que no ve que se le acabó el tiempo y quiere extender sus dominios a toda la actividad del país. Consagra la estatización de las relaciones laborales en el sector privado, que quedarán en manos de la voluntad, discrecionalidad o arbitrariedad del gobierno de turno, amén de una serie de normas de cuestionable contenido, entre las que puede destacarse la que estatuye una suerte de cogestión empresarial con el gobierno y los trabajadores,

Difícil que una empresa extranjera -bien asesorada- insista con invertir en el país y mucho más difícil, que muchas pequeñas y medianas empresas -de Montevideo y, sobre todo, del Interior- puedan sobrevivir.

Veamos algunas perlas (no todas):

-Se crea el Consejo Superior Tripartito (21 miembros: 9 del Ejecutivo, 6 de los trabajadores, 6 de los empresarios) que marca la pautas salariales (salarios mínimos y categorías).

-Los Consejos de Salarios mantendrán también el ámbito tripartito de negociación que de voluntaria pasa a ser obligatoria y por rama de actividad. Al diablo con los sub sectores de dicha actividad, con las particularidades económicas de cada uno, como pueden ser el tamaño de las empresas y el lugar, (departamento, ciudad o zona) donde funcionen.

-Los Consejos de Salarios ven ampliadas sus facultades: también se negocian "condiciones de trabajo", un concepto muy amplio, donde cabe de todo y que dará lugar a la cogestión empresarial.

-Convenios colectivos: bipartitos, los clásicos que ahora pasan a ser subsidiarios. Pueden negociarse a nivel de rama o de la empresa. Las condiciones de trabajo acordadas en los Consejos de Salarios deben aplicarse. En caso de una empresa, si no existe sindicato la negociación la realiza el sindicato de la rama: no está previsto que los trabajadores puedan elegir sus propios delegados-negociadores.

-El proyecto no contempla la cláusula de paz; menos las consecuencias de su incumplimiento y responsabilidades. Pueden establecerse por vía de los convenios colectivos mecanismos de prevención y solución de conflictos, pero no es preceptivo.

-Ocupaciones de los lugares de trabajo: el proyecto las mantiene. El ministro Bonomi ha expresado su voluntad de omitir este capítulo, pero si no hay un nuevo decreto se mantiene vigente el N° 165/06, cuyo artículo 4° establece que la ocupación es una extensión del derecho de huelga.

Son muchas cosas, pero lo más preocupante es cómo el Estado invade esferas reservadas al ámbito de negociación privada. No le alcanza con regular y regalar las empresas públicas a las corporaciones de funcionarios, ahora el objetivo es, prácticamente, toda la actividad nacional.

Esto no es republicano ni democrático. Es totalitario. y, además, letal para el país.