Empresas advierten sobre "cogestión"

El proyecto oficial de negociación colectiva apunta a un sistema de "cogestión empresarial" con los sindicatos, bajo el arbitraje del Estado, y viola convenios internacionales ratificados por Uruguay, en opinión de las cámaras empresariales.

"No pasa el examen del Comité de Libertad Sindical de la OIT" (Organización Internacional del Trabajo), concluye un informe de las cámaras empresariales.

El proyecto fue motivo de debate el miércoles 20 en la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, entre un legislador del Frente Amplio y un delegado de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

Gonzalo Irrazabal, asesor laboral de la CIU, dijo "es tan importante" lo que consagra el proyecto como lo que omite.

"Al regularse sólo algunos de los aspectos, a nuestro juicio se está provocando un desequilibrio en el sistema, y eso afecta la necesaria o imperiosa relación que deben tener los dos actores principales de estos temas, que son el sector sindical y el sector empresarial", sostuvo Irrazabal.

En segundo término planteó la discrepancia de la CIU con el "derecho a ocupar" lugares de trabajo. "Estamos convencidos de que el derecho a ocupar no es una extensión del derecho de huelga", indicó, y consideró que el proyecto lo que consagra es un "procedimiento de ocupación", con cuestiones "curiosas" como que "el que comete la acción ilegal, ilícita o antirreglamentaria es el que debe tomar las precauciones".

Irrazabal dijo que las ocupaciones de lugares de trabajo, además de violar la Constitución, impiden el ejercicio del derecho al trabajo de quienes no adhieren a la medida, coarta el derecho de propiedad y la libertad de comercio e industria.

Otro punto que cuestionó fue la "institucionalización" de los Consejos de Salarios, un hecho que definió como una "injerencia del Estado" en las negociaciones laborales, que "deben ser voluntarias y bipartitas", como lo dispone la ley de 1943. El proyecto a lo que lleva es a una "cogestión empresarial" y si se aprueba tal como está sería "inconstitucional", agregó. Además, cuestionó la integración del Consejo Superior Tripartito, que con mayoría de delegados del Poder Ejecutivo tiene a su cargo "la gobernanza -término inédito en nuestro país-, que no es otro cosa que dirigir las relaciones laborales" y por ende "termina dirigiendo la empresa".

A los industriales tampoco les cayó bien que el proyecto no hable de "paz laboral" y que se obligue a las empresas a dar información sobre su situación contable sin establecer cómo se asegura la reserva.

El frenteamplista Juan José Bentancor, ex sindicalista de Ancap, respondió a estos cuestionamientos. Dijo que el capítulo sobre ocupaciones fue retirado del proyecto y en cuanto a la "institucionalización" de los Consejos de Salarios, que ya lo estaban por la ley de 1943.

En cuanto a que las negociaciones laborales deben ser libres y voluntarias, Bentancor dijo que los industriales omiten toda referencia a convenios internacionales que obligan al Estado a intervenir. También defendió que las empresas deban brindar información contable. "Todos sabemos que hay gente a la que le va muy mal, otra a la que le va regular y otra a la que le va muy bien, independientemente de las crisis. Entonces, dejemos el grito de la tribuna a un costado y vayamos a una situación que sólo se arregla dando la información", exclamó.

Irrazabal le respondió que si bien la Convención Internacional del Trabajo habla de negociación tripartita para los salarios mínimos, no consagra el tripartidismo para las condiciones de trabajo. También rebatió que el gobierno haya tenido en cuenta la posición de las cámaras empresariales. "Recuerdo que se ha consultado sobre algún decreto. Las cámaras empresariales discutieron, se opusieron, y en los considerandos el Poder Ejecutivo dice: `Habiendo sido consultadas las cámaras empresariales`. Claro, fuimos consultados; lo que no dice el decreto es que la respuesta fue negativa: bastante curiosa la forma de referirse a la participación tripartita o al diálogo social", dijo Irrazabal.

Compromiso político del gobierno con el Pit-Cnt

El diputado blanco Pablo Iturralde dijo en la comisión de Legislación del Trabajo que el gobierno no ha tomado en cuenta las propuesta de la oposición en materia laboral. "Hemos ido con las nuestras y hemos vuelto con las de ellos, ya que el gobierno no ha cambiado las posiciones que ha fijado de antemano. Desde ya adelanto mi escepticismo en cuanto a poder cambiar alguna coma de este proyecto" de negociación colectiva, sostuvo Iturralde.

El diputado blanco dijo además que el proyecto es producto de un compromiso asumido por el gobierno del Frente Amplio con el Pit-Cnt, que "ha volcado sus posiciones políticas a favor de un nuevo mandato" de la coalición de izquierda.

"Todo esto es parte de una situación política vinculada a las elecciones de este año. Lo digo con el mayor de los respetos; aunque mis apreciaciones puedan ser equivocadas tengo el derecho de hacerlas", agregó.

Iturralde dijo que la ley de negociación colectiva debería ser fruto de un acuerdo y de políticas de Estado que trascendieran al ganador de las elecciones.

Posición de las cámaras

La negociación colectiva debe ser libre y voluntaria, según el Convenio Internacional N° 98 de la OIT, ratificado por Uruguay.

La negociación colectiva es bipartita por definición, entre empresarios y trabajadores, según el mismo convenio de la OIT.

El Consejo Superior Tripartito, con minoría empresarial, faculta al Poder Ejecutivo a incidir, influir y decidir sobre la gestión empresarial.

Se amplía desproporcionadamente la competencia de los Consejos de Salarios. El proyecto permite sostener que se deberían tratar allí los temas laborales para acordar con los trabajadores representados por su sindicato, lo que se termina transformando en una "cogestión" que anula el poder de dirección del empresario.