Juicios laborales: camino lento que busca mejorar

PABLO MELENDREZ

El proceso laboral en primera y segunda instancia insume, en promedio, unos tres años. Los operadores judiciales coinciden en que es imperioso disminuir los plazos, aunque debate sobre cuál es la forma más adecuada para hacerlo.

Al momento de iniciar una demanda ante la Justicia Laboral, el interesado debe analizar fríamente si el monto a reclamar amerita una espera tan extensa para saber si efectivamente cobrará lo reclamado.

"Más vale un mal acuerdo que un buen juicio", ejemplificó el defensor de Oficio Laboral Luis Fleitas. La Defensoría tiene como "política oficial la intención de agotar los medios transaccionales porque el trabajador está acuciado por la necesidad económica y no puede esperar el resultado de largos juicios", explicó Fleitas a El País.

De esa situación también hay plena conciencia a nivel del Ministerio de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia y el Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Actualmente, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado tiene a estudio un proyecto elaborado por técnicos del gobierno, del Poder Judicial y de la Universidad que, mediante la creación de un proceso laboral autónomo, prevé disminuir la primera instancia a 60 días. Eso implicaría que los juicios ya no se regirían por el Código General del Proceso (CGP) que regula todos los procesos judiciales salvo el penal.

También propone la creación de un proceso abreviado y de única instancia para reclamos de hasta $ 81.000, explicó la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno y profesora de Derecho Laboral, Rosina Rossi. Según la especialista, la actual duración de los juicios es "exasperante".

A su vez, existe otro proyecto impulsado por la Suprema Corte para disminuir la duración de los juicios el cual, si bien tiene similitudes con el primero, propone que los procesos se sigan llevando adelante según el CGP, sin crear un sistema autónomo.

Rossi dijo que más allá del proyecto que se impulse, una de las claves es crear más juzgados laborales, porque en caso contrario los jueces no podrán agilizar el trámite de los expedientes. En Montevideo existen 14 sedes de primera instancia, y se estima que necesitan, al menos, cinco más, dijo Rossi a El País.

VISIONES. El abogado laboralista Nelson Larrañaga Zeni, del estudio Ferrere, opinó que es necesario instaurar un proceso que mantenga la estructura de audiencias previsto en el CGP, "pero que establezca plazos concretos entre cada etapa".

Además, Larrañaga dijo que otro aspecto a corregir es que en casos donde el reclamo involucra a muchos trabajadores, se hace complicado contestar la demanda en los 30 días que prevé la ley, por lo que señaló que también se podría analizar algún cambio al respecto.

Por otro lado, acerca de la posibilidad de que las empresas deban depositar el 50% del monto de la condena al apelar las sentencias, el abogado cuestionó que esa propuesta "restringe el legítimo derecho de defensa" de los empleadores.

En tanto, Mario Pomatta, de la sala de abogados del Pit-Cnt, dijo que a raíz de la extensión de los juicios, los trabajadores logran acuerdos por "cifras inferiores a las que les corresponden". El abogado coincidió con su colega Larrañaga en la necesidad de crear un proceso laboral autónomo.

Pomatta también acusó a los empresarios de "chicanear" y prolongar los procesos, por lo que opinó a favor de que deban depositar parte del monto de la condena antes de apelar.

MTSS soluciona 70% de los casos

El Centro de Conciliación de Conflictos Individuales de Trabajo que dependen de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) soluciona el 70% de los casos que se le presentan. Eso hace que una importante cantidad de trabajadores logren acuerdos con sus ex empleadores sin la necesidad de iniciar el extenso proceso de un juicio.

El director de esa dependencia oficial, Gustavo Santoro, expresó a El País que promedialmente, en los tres turnos de atención, se realizan cerca de 140 audiencias diarias. El funcionario indicó, además, que según las estadísticas del año pasado, el Centro de Conciliación realizó en 2008 casi 28.000 audiencias.