Inseguridad asegurada

La información policial o "crónica roja", que tanto preocupa a la ministra Tourné y que difunden los medios de comunicación, no es responsable de la famosa sensación térmica de inseguridad que vive la población. Aquélla lo único que hace es recoger algunos episodios ocurridos durante el día, que destacan por su espectacularidad, mientras que ésta -la sensación de inseguridad-, se nutre de experiencias personales, familiares o el clásico "boca a boca" y la mayoría de las veces no tienen ningún sesgo llamativo: son asaltos, atracos, arrebatos, robos, rapiñas, rapiñitas, autos desaparecidos, autos sin radio, rejas destrozadas, candados violados, comercios vaciados y un sin fin de cosas "menores" con las que conviven diariamente los ciudadanos de este país.

El tema de la seguridad ciudadana es como una mesa de tres patas: prevención, represión y rehabilitación. Si falta alguna de ellas, la mesa pierde equilibrio y se desploma. El problema en el Uruguay es muy grave: no tiene en buenas condiciones ninguna de las patas de la mesa. No vamos a cometer el error de endilgarle a esta administración toda la responsabilidad por la situación. Sí, en cambio, de cómo despilfarró los aportes de los contribuyentes por su falta de políticas adecuadas, su improvisación y absurdo voluntarismo para encarar el problema y permitió, de esa manera, una alarmante explosión de toda suerte de actos delictivos -que afecta a todos los ciudadanos, de todos los departamentos y de todos los barrios-, acompañados de graves brotes de violencia.

En materia de prevención, el elemento fundamental pasa por el fortalecimiento de la educación, y de allí a las oportunidades de trabajo. El asistencialismo liso y llano -el mundo es rico en ejemplos- nunca ha sido solución al problema. Pero se optó por este camino: auxilios económicos sin obligación de contraprestaciones mínimas y, cuando las hay, sin ningún control para verificarlas. El fracaso está a la vista.

En materia de represión, el gobierno se encontró maniatado por su viejo y tradicional resentimiento contra las fuerzas del orden. Al fin y al cabo fueron quienes los combatieron en la época terrorista y a quienes enfrentaron durante años sus aparatos sindicales y de movilización. Olvidaron que actuaron siempre en cumplimiento de decisiones del mando (al que siguen acatando) y los apartamientos y excesos que pudieron ocurrir durante la larga noche de la dictadura, fue de algunos hombres y no de las instituciones. Pero se les pasó factura. La bonanza que vivió el país nunca los afectó. Sus sueldos por arriesgar la vida siguieron siendo bajos, el nivel de profesionalización y de entrenamiento deficitarios, y escaso su equipamiento. No hay planes para combatir (reprimir) el delito en las calles: los atracos no necesitan de la noche o de barrios apartados para decir presente. Y para colmo, la Ministra del Interior no genera ninguna confianza, ni trasmite seriedad.

En cuanto a la rehabilitación. Hay esfuerzos aislados del Patronato de Liberados, del Centro Nacional de Rehabilitación y de alguna otra institución, que no alcanzan ni como paliativo, dada la gravedad de la situación. Se ha perdido la referencia de que el pasaje del hombre por la prisión es transitorio y que, pasado un tiempo, volverá a la sociedad. ¿Se lo prepara para ello? No. Las cárceles sirven para cualquier cosa menos para la reeducación; por el contrario, se han transformado -con la anuencia y financiadas por el Estado- en un posgrado para delincuentes. Fomentan el desprecio y el resentimiento contra la sociedad, y se estima que seis de cada diez presos vuelven a delinquir al salir en libertad. ¿No es acaso el mismo Estado que los encarceló, el que los devuelve a la sociedad en condiciones de mayor agresividad y peligrosidad?

Si pasamos al INAU -y aquí hablamos de infractores, pero menores-, el panorama no cambia. El caos es total; ni siquiera se conoce con exactitud el número de los internados, porque entran y salen cuando quieren. Y entonces, sí caben algunas preguntas: ¿qué ha hecho este gobierno para revertir esa situación? ¿Cómo ha afectado a la enorme mayoría de los ciudadanos los millones de pesos destinados a un asistencialismo sin controles? ¿Qué políticas serias se han encarado para acercar la educación a las zonas marginales? ¿Qué se ha hecho por la prevención, por las formas de combatir el delito o por la rehabilitación de los delincuentes?

Afortunadamente hay opciones para cambiar. Es una de las virtudes de la democracia.