Juicio en Lavalleja por ajuste de salarios

MINAS FERNANDO BONHOMME

La semana pasada se realizó la 1ª audiencia del juicio que 400 funcionarios de la intendencia de Lavalleja efectuaron a la comuna.

Cuando asumió por primer vez Herman Vergara en el año 2000, dentro del presupuesto quinquenal se incluyó una cláusula que estipulaba que el aumento de salario a los funcionarios sería de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). En el año 2002 cuando el IPC creció 25%, el intendente adujo no poder hacer frente al aumento que debía otorgar y, por lo tanto, no cumplió con lo que estaba estipulado en el presupuesto.

A raíz de eso un grupo de 351 funcionarios presentaron una demanda por incumplimiento. Luego de casi cuatro años la Justicia falló a su favor y se llegó a un acuerdo por el cual los demandantes aceptaron cobrar el 80% de la deuda.

Paralelamente, en ese período, la Intendencia de Lavalleja ofreció pagar al contado a quienes no habían pleiteado el equivalente al 32% de lo que se aducía era la deuda por el no pago del aumento.

En año pasado los abogados María Luisa Bollini y Helios Sarthou presentaron una demanda ante el Juzgado Letrado de Minas, en representación de 400 funcionarios municipales. Argumentaban que esa transacción fue una rebaja salarial ya que "unos cobraron el 80% y el resto el 32%".

El día de la audiencia los funcionarios convocados comenzaron a juntarse frente a la sede judicial, desafiando el frío y la llovizna que por momentos caía. Casi sin darse cuenta cortaron la calle y sin problemas y ni necesidad de guardia policial los vehículos que acertaban a pasar por el lugar, giraban en la esquina sin mayores inconvenientes ni mostrándose molestos por la situación.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Minas, en la calle Rodó y Batlle y Ordóñez, frente al edifico central de la Intendencia. Los funcionarios citados esperaron en silencio a la intemperie el resultado de la audiencia que duró aproximadamente 40 minutos.

Bollini informó que, a petición de los abogados demandantes, la Justicia resolvió emplazar a la Junta Departamental, para que conteste la demanda de los obreros ya que tuvo participación en el tema cuando aprobó la "negociación" impulsada por la IML. Además en la demanda hay funcionarios que pertenecen a la Junta Departamental. Ahora la misma tiene 30 días para responder.