El puerto y la política

Montevideo nació como puerto, y en torno a su evolución, desarrollo y competencia con los vecinos se puede explicar gran parte de la historia del país. Sin embargo, es poco lo que el uruguayo común conoce del tema, ignorancia que se agrava cuando se trata de dirigentes políticos, como ha quedado claro en el eterno proceso para el llamado a licitación de una nueva terminal de contenedores. Ahora, la discusión sobre el tema se ha trasladado al Parlamento, donde se ha vuelto eje de rencillas políticas que amenazan postergar aún más, lo que es una necesidad urgente para que nuestro puerto no quede rezagado en la feroz competencia regional en la materia.

Pero para que el lector entienda el trasfondo del asunto, es necesario ir hacia atrás. En 1992 se aprobaba la Ley de Puertos, un formidable instrumento legal que permitió a Montevideo superar décadas de caos y conflictos. Esa ley habilitó la llegada de un operador privado como TCP, cuyas inversiones y pujanza, junto con la del otro operador portuario, Montecon, han puesto a Montevideo en camino a convertirse en uno de los principales centros logísticos regionales.

Los números hablan solos. Mientras que en los años previos a la ley, Montevideo movía mercaderías por menos de 100 mil teus (unidad de medida que toma como base un contenedor de 20 pies), el año pasado se llegó a gestionar casi siete veces esa cifra. No fue un proceso fácil y hubo que enfrentar la oposición de sindicatos y sectores políticos tan miopes como egoístas. Hace poco se podía ver en TV a un gremialista portuario relatar con nostalgia cómo en su época de "gloria" el sindicato podía paralizar el país con una huelga, y que luego de la ley su capacidad de influencia se había evaporado. El país agradecido.

Hoy el puerto vive otro momento clave. Ese empuje que ha tenido en los últimos años, se ha convertido en su principal amenaza y durante la temporada de cruceros turísticos, las autoridades portuarias se ven obligadas a hacer malabarismos para manejar el reducido espacio con que cuentan. Algo que genera fuertes pérdidas y que llevó a que el vicepresidente de la ANP, Gastón Silberman, dijera que "no habrá solución hasta que no se construyan nuevos muelles".

En breve se inaugurarán las obras de la terminal TCP, que darán un respiro a las necesidades del puerto. Pero se necesita más. Históricamente, todas las previsiones de crecimiento se han visto superadas por la realidad, y eso es un lujo que como país no podemos dilapidar. Se supo días atrás que inversores filipinos que intentaron participar en Montevideo, cansados de las idas y vueltas de nuestros jerarcas se fueron al puerto argentino de La Plata, donde invertirán casi US$ 200 millones. Por otro lado en Brasil, la terminal de Río Grande, a horas de navegación de Montevideo, ejecuta obras por US$ 350 millones.

Mientras eso pasa cerca de aquí, en Uruguay la política sigue frenando el progreso. Ahora se ha llevado innecesariamente el asunto al parlamento (la ley ya habilita al Ejecutivo a decidir por sí mismo), generando que un tema trascendental para el futuro del país se haya convertido en eje de una polémica minúscula en la interna del partido de gobierno, donde dirigentes del MPP, supuestamente preocupados por un eventual juicio de la empresa que gestiona la TCP, han llegado a decir que esa terminal no es necesaria, algo que motivó una dura respuesta del senador Astori.

Pero más allá de estas discusiones absurdas, la realidad es inapelable. El movimiento portuario, pasado este freno transitorio que ha sido la crisis financiera global, va a seguir creciendo. Y si bien las inversiones de la TCP serán un alivio, serán insuficiente. Sin mencionar que cuando esto suceda se generará de hecho una situación de virtual monopolio que va en contra del espíritu de la Ley de Puertos. Y la demora que viene experimentando el proceso de la segunda terminal ya ha causado pérdidas al país. Basta imaginarse la diferencia de ofertas que se podría haber recibido por un llamado así, si se hubiera hecho antes de la crisis.

Por eso, es imprescindible que nuestros gobernantes dejen de lado las discusiones y se decidan a avanzar. Ya que si hay un tema en Uruguay que debería ser considerado política de Estado, por encima de banderías e intereses sectorial, es la marcha del puerto de Montevideo. Un puerto que nos dio la razón de existir como país, y que es vital para nuestro éxito en el mundo del mañana.