El Casmu y la Onda

GERARDO SOTELO

¿Qué pasaría si se fundiera el Casmu? ¿Qué debería hacer el gobierno para asegurar la cobertura médica a sus afiliados al Fonasa? ¿Dónde derivaría a los pacientes internados? ¿Cómo haría el sistema de salud para absorber a sus socios? ¿Cuántos puestos de trabajo se perderían y qué costo tendría sobre la Seguridad Social? Mientras el Ejecutivo no tenga un plan que responda a esas preguntas y le haga saber a los involucrados que está dispuesto a aplicarlo, el conflicto no se solucionará.

Paros con abandono de funciones, intimaciones y recursos judiciales, pedidos de intervención y de declaración de servicio esencial, amenazas de despido, un manual de procedimientos que sólo siguen quienes saben que los platos rotos los pagará la sociedad en su conjunto a través de la mano salvadora del Estado. De hecho, el duro cruce de acusaciones y acciones entre la directiva y los trabajadores del Casmu no tiene como destinatario a la contraparte sino al Poder Ejecutivo.

Con el antecedente de la intervención providencial de Vázquez para resolver un conflicto entre el Estado y sus colegas médicos y la idea generalizada de que el Casmu no se pude fundir porque el sistema mutual colapsaría, nadie debería esperar un panorama más alentador. Si a este cóctel se le agrega que estamos en vísperas de un proceso electoral, se comprende fácilmente por qué se ha vuelto tan explosivo. A tal punto llegó la situación que el director nacional de Trabajo, Julio Baraibar, anunció en las últimas horas la suspensión "hasta nuevo aviso" de las negociaciones para destrabar el conflicto, porque en vez de ceder, las partes andan "a los cachetazos".

La argumentación esgrimida para asegurar que el Casmu no puede cerrar surge de una visión razonable de la realidad (no se pude improvisar de un día para otro la atención médica de doscientos mil afiliados) pero parcial. De hecho, lo mismo se afirmaba de la Onda, que un día dejó de funcionar sin que el país sufriera colapso alguno. Podrá decirse que la atención médica es diferente al transporte de pasajeros, pero el antecedente igualmente es válido: lo que hacía imposible que la Onda se fundiera no era la realidad sino la repetición de una verdad no demostrada.

¿Qué pasaría si el Ejecutivo diseñara un plan de emergencia para el caso de que el Casmu efectivamente se funda y se lo hiciera saber a directivos y trabajadores de la mutualista? Más aun, ¿no debería tener ya un plan de contingencia, por si la crisis del Casmu se precipitara?

Mientras esto no ocurra, las partes seguirán tirando de la piola porque saben que tienen al gobierno embretado y sus acciones no comprometen sus intereses. En el peor de los casos, los costos del conflicto se van a licuar con el conjunto de la sociedad a través del socorro del Estado. A esta altura de los acontecimientos, la alternativa del gobierno no es pagar o no la crisis del Casmu, sino cuánto, cuándo y cómo la va a pagar. Mientras no lo acepte y se decida a actuar, lo único que logrará es elevar su costo, tanto económico como político.