Nuevo gobierno definirá tierras a colonización

El problema se trasladó al próximo gobierno. El Frente Amplio accedió a postergar por un año, a pedido de la oposición, la consideración de una iniciativa -ya votada en Diputados- que transfiere al Instituto Nacional de Colonización (INC) todas las tierras fraccionadas y vendidas antes de 1948 por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que suman unas 160.000 hectáreas, a lo cual los productores se oponían fervientemente.

El artículo 70 de la ley de repoblamiento de la campaña -votada en 2007 por todos los partidos- estableció que los campos vendidos antes de 1948 a particulares por la sección fomento rural del BHU (la oficina encargada de formar las colonias antes que se creara Colonización), y de lo cual no se tuviera documentación precisa, pasarían a formar parte de la cartera de tierras de ese instituto.

Esos terrenos tenían entonces libre disponibilidad una vez que se pagaban, es decir que se podían enajenar sin mayores problemas, lo que fue hecho en numerosos casos. Pero con esta modificación que el Senado pasó ayer a comisión, los actuales propietarios que no tuvieran aquella documentación original deberían consultar a Colonización antes de vender los predios que explotan, lo cual, según ellos, supondría una infinidad de problemas legales.

Ahora, por iniciativa de los senadores blancos Eber Da Rosa y Gustavo Lapaz, el Frente Amplio dio su conformidad y se pactó un año de prórroga a partir de mayo para cumplir con la ley de repoblamiento de la campaña sobre la tenencia de aquellas tierras. El proyecto fue devuelto a comisión donde dormirá a la espera de una decisión política del próximo gobierno.

La medida fue saludada con una salva de aplausos en señal de conformidad por decenas de colonos que siguieron la sesión del Senado.

Varios legisladores blancos sostuvieron en sala que valoraban como "un atropello" el impulso a esa norma, afirmando además que era inconstitucional y que no daba certeza jurídica.

Otro punto considerado "injusto" y "discrecional", es el que establece que el directorio del INC por mayoría simple de votos podría desafectar o no a estos predios, ante solicitud de los productores.

Los blancos sostuvieron que el problema se puede solucionar fácilmente no haciendo exigible la documentación que establece la ley a los titulares de predios fraccionados y vendidos a colonos por primera vez antes de 1948.