Corte tiene tres meses para verificar firmas

La Corte Electoral tiene tiempo hasta fines de julio para verificar las firmas recibidas ayer para plebiscitar la Ley de Caducidad. El plazo está dado porque, según la Constitución, la Asamblea General puede presentar un proyecto de ley alternativo hasta 90 días antes de las elecciones nacionales.

El plebiscito se realizará si la Corte verifica unas 258.000 firmas, que representan el 10% del padrón electoral. Se presentaron 340.043 rúbricas, y la proporción de descarte se ubica entre el 8 y el 9%, según los precedentes históricos.

Las firmas fueron colocadas en una habitación que estará vigilada por una cámara de seguridad las 24 horas. Además, al finalizar cada jornada, la puerta de la habitación quedará lacrada.

La verificación de firmas tiene un costo estimado entre US$ 750.000 y un millón de dólares, según el ministro colorado de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Zimarioff, quien afirmó que el organismo no cuenta con los fondos necesarios para dicha operación, ni tampoco con el personal suficiente. Los funcionarios que realizarán esta tarea tendrán que trabajar en horarios extendidos, sábados, domingos y feriados.

La Corte solicitará una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez para obtener los fondos para pagar las horas extras, así como para solicitar la recuperación del 25% del presupuesto para el año electoral que el Poder Ejecutivo les descontó el año pasado.

Control. Para asegurar la transparencia del proceso, la Corte establece que en la anulación o verificación de una papeleta intervengan dos funcionarios de dos partidos políticos diferentes, ya sea un blanco y un colorado, un colorado y un frenteamplista o un frenteamplista y un blanco. "Este criterio de la Corte podría ser ciertamente relativo, porque en términos generales sabemos quién puede apoyar en mayor número una movilización como esta", afirmó el ministro de la Corte Washington Salvo, de filiación frenteamplista. "Para ser estrictos habría que tomarles declaración a los funcionarios, de quienes están a favor del plebiscito y quienes en contra", afirmó. Según Salvo, "la mayoría de los funcionarios son de filiación colorada o blanca, por motivos históricos".

Depuración. En tanto, la mesa política del FA encomendó ayer al ministro de Corte Walter Pesqueira a realizarle un planteo al organismo sobre la depuración del padrón electoral. El FA afirma que, al momento de la entrega de las firmas, no se ha dado de baja al padrón a numerosos presos, fallecidos o inhabilitados -que no votaron en las elecciones pasadas-, un cúmulo de personas que superaría las 40.000 y que, por tanto, esto elevará el porcentaje necesario para convocar al plebiscito en 4.000 firmas.