Nueva ley en acción

Una oportuna actuación del dirigente colorado Ope Pasquet permitió que la ciudadanía conociera en detalle el monto de lo gastado por Tabaré Vázquez en el mitin celebrado a principios de marzo en la avenida 18 de Julio. En aquella ocasión, anticipando el carácter político-partidario de la convocatoria, el Presidente de la República salió al cruce de sus eventuales críticos. Dijo al respecto que los costos de realización del evento eran "una inversión en la democracia", en un tono que pareció cerrar el paso a toda requisitoria sobre el presupuesto de aquel acto público.

El discurso presidencial enardeció, con razón, a sus opositores. Resuelto en principio a hacer de viva voz el balance de sus cuatro años de gobierno, Vázquez se mostró agresivo con sus adversarios políticos, suficiente a la hora de enumerar los que consideró sus logros y burlón al referirse -intentando remedar su voz- a Jorge Larrañaga. Si organizar un acto público para el autoelogio era de por sí una iniciativa discutible, su condición de acto político fue censurada por dirigentes de los tres partidos de oposición.

Uno de ellos, Pasquet, decidió pasar de la palabra a los hechos. Para ello, apeló a la nueva ley 18.381, aprobada el 17 de octubre de 2008 bajo el título "Derecho de acceso a la información pública", que habilita a cualquier ciudadano a solicitar información a todo organismo público el cual tiene la obligación de suministrársela en un plazo de 20 días. Si la información no se brinda en tiempo, el reclamante puede comparecer ante la justicia que debe expedirse en tres días. Y si hay mandato judicial favorable, el solicitante obtendrá la información en un plazo no mayor de 15 días.

Ese es el esquema básico de esta ley destinada a terminar con la tradicional tendencia al secretismo del Estado uruguayo y que el propio gobierno consideró "un importante avance democrático". En efecto, en un comunicado de Presidencia de la República emitido semanas después de la aprobación de la ley, se historió el proceso de elaboración de la misma y se concluyó en que la nueva normativa "promueve la transparencia de la función administrativa de los organismos públicos y garantiza el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública de todas las personas".

Una de las primeras acciones basadas en la nueva ley fue la promovida por Pasquet precisamente ante la Presidencia de la República que, pese a lo insinuado por Vázquez, no tuvo otra alternativa que informar sobre los costos del acto a través del secretario de Presidencia, Miguel Toma. De ese modo, pudo saberse que el polémico episodio había generado gastos por un total de 120.000 dólares, todo un exceso si se considera además su inconveniencia y su claro contenido político-partidario.

Corresponde aclarar que no debe confundirse esta ley de acceso a la información pública con la ley 18.331 sobre protección de datos personales y acción de "habeas data". Esta última, como se sabe, procura preservar los datos de las personas. Para hacer efectivo ese derecho sobre los datos personales incluidos en registros o archivos públicos, los ciudadanos pueden solicitar acceso a los mismos para notificarse de la información existente sobre ellos y reclamar, de ser necesario, las eventuales correcciones al historial allí depositado.

En cuanto a la ley que garantiza el acceso a la información pública, corresponde señalar que establece un plazo de un año para que los organismos públicos implementen los sitios web y elaboren la lista de información clasificada, es decir, la que consideran que no debe ser revelada. Aquí radican algunas de las objeciones a la nueva normativa pues se estima que concedió demasiadas excepciones permitiendo mantener en reserva asuntos atinentes a la seguridad pública, la defensa, la economía, las finanzas e incluso actividades en materia penal.

La Presidencia de la República no podía eximirse de contestarle a Pasquet y divulgar rubro por rubro las cifras del presupuesto del acto organizado por Tabaré Vázquez porque es evidente que no se trataba de un episodio cuyos datos, en caso de revelarse, pusieran en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad del país. Quedó claro que fue un acto político realizado en año electoral con el objetivo de favorecer al partido de gobierno, razón por la cual no había excusas para mantener su información bajo reserva.