Las bases de datos públicas y privadas bajo control estatal

EDUARDO DELGADO

Todas las bases de datos públicas y privadas del país estarán en manos del Estado y serán controladas por éste. El gobierno designó a los tres directores de la Unidad de protección de Datos.

Esta repartición será la responsable de registrar todas las bases de datos nacionales, de controlar su legalidad y recibirá las denuncias sobre irregularidades en su funcionamiento, según prevé la ley 18.331 que la creó. El gobierno designó a sus tres miembros: el director de la Agesic (Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento) José Clastornik, el doctor Felipe Rotondo y el analista de sistemas Federico Monteverde, cuyos cargos son honorarios.

La Unidad de Protección tendrá el registro no sólo de base de datos informáticos, sino también en papel. Por ejemplo, un estudio jurídico que tiene archivos de clientes es una base datos y deberá estar bajo control de este organismo bajo el amparo de una relación contractual. También se incluirán las bases de datos de organizaciones sin fines de lucro o club que tenga registro de afiliados.

"La ley es muy amplia, todo aquel que tenga un cúmulo de datos personales está obligado a inscribirse ante la Unidad de Protección de Datos. Quedan fuera las bases de datos creadas por ley, como los registros públicos (mobiliario, propiedad inmueble, registro civil)", informó a El País María José Viega, directora del Área de Derechos Ciudadanos de la Agesic.

Viega explicó que se está desarrollando un sistema de gestión para que los titulares de bases de datos puedan hacer una preinscripción online y, en un plazo de 10 días, llevar a la oficina la documentación impresa. "Cuando se inscriben bases de datos, se controla el tipo de datos que tiene, el consentimiento del titular de los datos o si está exonerado de darlo y eso le dará carácter de licitud a esa base", explicó la funcionaria.

La protección de datos personales es para esta unidad "el amparo a los ciudadanos contra la posible utilización por terceros, no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento automatizado para, de esta forma, confeccionar una información que identificable con él, afecte a su entorno personal, social o profesional, en los límites de su intimidad".

La unidad tiene "facultades sancionatorias" para los titulares de base de datos que cometan irregularidades. Las sanciones van desde el apercibimiento y la multa, hasta la clausura de la base de datos si se violentan datos sensibles o se causa perjuicios a los ciudadanos, como es el caso de información reservada de enfermos, ejemplificó Viega. Las ventas de bases de datos están prohibidas, no se pueden comercializar, destacó Viega. "La base de datos es para la finalidad para la cual se crea y no puede ser usada para una diferente. Vender una base de datos implica transmisión de datos y eso está prohibido", subrayó.

El acceso a la información pública

La Unidad de Acceso a la Información Pública creada por la ley 18.381, establece como principio general la transparencia del Estado y el derecho de todos los ciudadanos a saber qué información está manejando el sector público, pero la dirección del organismo aún no está integrada. Dos de los tres miembros del Consejo Directivo esta unidad aún no fueron nombrados por el gobierno, y el tercero es José Clastornik en su calidad de director de la Agesic.

La ley obliga a los organismos públicos a publicar en sus sitios web cierta información, que incluye el presupuesto asignado, su forma de ejecución y los salarios por cada escalafón. Si un ciudadano no obtiene allí esa información, puede presentarse ante el organismo y hacer una solicitud de acceso a la información. Ese organismo tendrá un máximo de 20 días para responder. Si el reclamante no tiene respuesta puede hacer la denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública o presentar una acción de "habeas data" ante el Poder Judicial.

Derecho ciudadano

Cuando una persona considera que en una base de datos hay información que viola sus derechos, tiene una vía administrativa para reclamar, que es presentando el caso ante la Unidad de Protección de Datos, y una vía judicial a través de un recurso de habeas data. La Unidad tiene una página web: www.proteccióndedatos.gub.uy.